Este verano os hemos estado contando cómo el ayuntamiento de Barcelona había decidido declararle la guerra a los pisos turísticos no registrados. Primero la alcaldesa, Ada Colau, le escribió una carta abierta a sus vecinos pidiéndoles su colaboración mediante denuncias utilizando una web creada especialmente para ello, y después endureciendo las medidas contra aplicaciones como Airbnb y Homeaway.
Pero los propietarios que se dedican a alquilar sus pisos a través de esta web han contraatacado de la misma manera, y tal y como hemos podido leer en El Mundo se han dedicado a difundir una carta abierta por toda la ciudad en la que se pide la colaboración del resto de vecinos para sabotear la web de denuncias.
El objetivo de este grupo de usuarios es el de inundar con denuncias falsas de pisos turísticos la web. Argumentan que los pisos turísticos que molestan a los vecinos son una minoría, por lo que no quieren que por la conducta incívica de unos pocos se prohíba una actividad como esta.
Y es que en su carta abierta Colau hizo referencia a que además de generar especulación y economía sumergida, este tipo de alquileres fuera de la legislación "puede dañar la convivencia de las comunidades de vecinos que los alojan", una descripción que parece haber ofendido a quienes se preocupan por intentar alquilarle sus inmuebles a usuarios respetuosos.
Madrid ya perdió su batalla anti-Airb
La ciudad de Madrid también intentó poner impedimentos al florecimiento de la economía colaborativa con el denominado decreto anti- Airbnb, con el que prohibía aquellas estancias que no alcanzaran los 5 días, obligando a que todas fueran superiores a ese periodo de tiempo.
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó tumbando el decreto al considerar que el establecimiento de este mínimo atentaba contra la normativa europea y española, y que suponía un obstáculo para la competencia efectiva al evitar el libre acceso al mercado de clientes y nuevos competidores.
Vía | El Mundo
En Genbeta | Airbnb gana en Madrid: el TSJM pone fin al “decreto anti-Airbnb”
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