La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza. El País.
Como explica El País, que ha tenido acceso a los documentos filtrados por WikiLeaks, aunque algunos nos los publicará, estos evidencian la gran preocupación de la embajada por dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a los intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.
En ambos casos, los informes secretos demuestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y el Fiscal Jefé de la Audiencia Nacional (antes Fiscal Antidroga) Javier Zaragoza y del también fiscal Vicente González Mota.
Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
Actualización: Los cables de WikiLeaks dejan al descubierto que el Fiscal General del Estado comunicó al embajador de EE.UU su disposicíón a cerrar el caso del asesinato de Couso. El fiscal de la Audiencia Nacional y ex Fiscal AntiDroga Javier Zaragoza, telefoneó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno.
Vía | El País Foto | Vicent Vercher Garrigós
