La cúpula directiva de los Mossos y de la Dirección General de la Policía, dependiente del Departamento de Interior del la Generalitat de Catalunya, han sido denunciados ante la Audiencia Nacional mediante la presentación de una querella criminal por posibles delitos de utilización indebida de los datos que recogen, incluyendo los captados en conversaciones telefónicas.
Si recientemente la polémica saltó por la decisión del cuerpo policial catalán de crear una web de denuncia ciudadana en la que se colgaron 231 fotografías y tres vídeos de participantes en la manifestación del pasado 29 de marzo contra la reforma laboral, con imágenes de menores que tuvieron que ser retiradas, ahora se trata de ficheros completos de datos personales y grabaciones telefónicas a los que los Mossos no habrían dado el tratamiento que exige la ley, según el abogado Josep Jover, que ha detectado el comportamiento policial y ha presentado la denuncia.
La Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento que la desarrolla obligan a registrar cualquier fichero de datos personales que creen las fuerzas policiales. La información “admite un tratamiento diferente en caso de investigación de terrorismo o formas graves de delincuencia organizada” pero esa diferencia, exime a la policía de tener autorización por parte del ciudadano para incluir sus datos en el fichero, no de registrarlo en la Agencia de Protección de Datos para que, entre otras cosas, pueda ser anulado cuando corresponda.
La desprotección de aquellos que están siendo investigados se extiende al sistema de interceptación de telefonía de la Consellería de Interior de la Generalitat de Catalunya, según explica Jover. Siltec, versión catalana del sistema español de escuchas Sitel, “es un fichero de datos (esta vez conversaciones) que se ha hecho a instancias de la Generalitat y que, a diferencia de Sitel, permite no sólo la puesta en marcha de una escucha si un juez lo autoriza, sino también mediante una orden política”, ha denunciado el abogado.
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