El pasado jueves publicamos un documento del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (vía Cryptome) en el que se indican las páginas web, blogs y redes sociales que son monitorizadas con regularidad desde el Centro Nacional de Operaciones del DHS. Los informes y conclusiones de los seguimientos se retienen hasta cincos años en dependencias del gobierno.
La monitorización de la red es uno de los servicios que se ofrece con desparpajo por empresas privadas a los gobiernos, aunque por lo delicado del asunto no son pocos (en democracias más avanzadas) los que consideran aberrante (por diferentes motivos) que el servicio recaiga en las redes de la externalización, como si fuese la contrata del servicio de limpieza de la máquina del café del Ministerio.
El pack al uso que ofrecen algunas agencias del negocio de la monitorización incluye (según el cliente y la legislación vigente) el suplemento de la localización del usuario, así como una amplia oferta de “sistemas de análisis de inteligencia” que en la mayoría de los casos, además, de evidenciar las psicopatologías diversas de los responsables de estos juguetes para “montar la CIA digital en la oficina” parecen un timo (otro).
El gobierno socialista, como bien sabe el nuevo Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, contrató a una de estas empresas. El propio Cosidó tiene la oportunidad y la ¿obligación? de comprobar si se ha sido escrupuloso con los derechos y libertades de los internautas españoles, con la seguridad del Estado y con los fondos públicos.
