Corría el año 2009 y en uno de los habituales eventos que organiza la Fundación Dintel para acercar el mundo de la e-empresa al de la e-administración, se sentaron juntos (en la mesa plenaria) dos de los protagonistas del caso Interligare.
Luis Luengo, Director General de Infraestructuras y Material de la Seguridad del Ministerio del Interior y actual Vicepresidente de Dintel, presidía la Mesa en la que Alexandre Hermida, Director General de Interligare, disertaría sobre "Sistemas de inteligencia: Presente y futuro". Todo un futuro por delante.
Seguro que Hermida expuso algunas de las ideas básicas que se repiten en cualquier presentación de las organizaciones de inteligencia que tanto conoce. De la desaparecida Wundermac a JMJ Complex Systems Labs y otras empresas del sector relacionadas con la gente de Interligare.
Si a la izquierda de Luengo se sentaba Hermida, a su derecha se sentaba Fernando Sánchez Gómez, Director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Lo que me ha recordado otros eventos en los que responsables del Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) compartían ideas, mesa y mantel con Matías, el hacker de la red de venta de datos. Según El País "un ingeniero informático, un hábil hacker, capaz de penetrar en cualquier ordenador y piratear todo su contenido".
El País ha denunciado en un editorial "la existencia y funcionamiento de una organización criminal dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales médicos (hasta de niños), listados de llamadas telefónicas, controles de conversaciones ajenas".
Miles de personas eran espiadas
Es sorprendente, por cierto, que ningún partido político haya pedido explicaciones sobre las informaciones periodísticas que señalan al hacker como un colaborador del CNI y de terceros países. Debe ser que las sospechas o acusaciones de espiar a un partido político son más graves que las evidencias de espiar a miles de ciudadanos (vivos o muertos).
Alguien debería explicar si lo que dicen los medios sobre el hábil hacker, capaz de penetrar en cualquier ordenador y piratear todo su contenido, es falso de toda falsedad.
En casa del hacker, la policía encontró 280.000 euros en metálico. Pero la cosa se complicó porque cuando fue detenido, avisó a los policías que hacía trabajos delicados o sensibles como dicen ellos para los servicios de inteligencia españoles, el CNI. Y dijo que el dinero se lo había pagado el Estado por esos servicios.
Según la revista Interviú (y El Confidencial), el “rescatado” explicó a la policía que el dinero procedía de fondos reservados del Ministerio de Defensa, ya que le habían contratado para desarrollar un sistema de interceptación de correos electrónicos.
El hacker, según explican los periodistas Luis Rendueles y Manu Marlasca, “dio a los policías que lo detuvieron un número de móvil y el nombre en clave del oficial de enlace del CNI para el que trabajaba, un tal don Aquiles.
Y ese don Aquiles, sea cual sea su nombre real, se identificó como cargo del espionaje español y respaldó su versión. El hacker es un colaborador leal del espionaje español, aunque hiciera digamos trabajos extra en sus ratos libres. El experto informático está en libertad y hasta ha pedido que se le devuelva el dinero que se encontró en su casa.
Soraya Sáenz de Santamaría es la responsable política del CNI. Calla como Rubalcaba. Peor, nadie le pide explicaciones.
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