Los proveedores británicos TalkTalk y BT han perdido el penúltimo recurso que presentaron contra la sentencia que dictaminó que la regresiva ley antidescargas británica pactada por conservadores y laboristas no vulnera la legislación europea, como había argumentado el equipo jurídico de TalkTalk que esperaba, entre otras cosas, que la justicia británica elevase una consulta formal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ni caso.
Los abogados de TalkTalk, que no han tirado la toalla, han sostenido que la ley atenta contra los derechos fundamentales y que la premura con que se aprobó la ley, días antes de las últimas elecciones generales, significó que muchas de las disposiciones que contiene, no se debatieron en su totalidad. Ni caso.
Las dos compañías también se quejan de los altos costes (económicos y de imagen) que se derivan de tener que ejercer de policía del copyright y restringir los derechos básicos de los clientes. Ni caso.
La Digital Economy Act sigue el modelo de los tres avisos de Hadopi/Sarkozy: los proveedores tienen que enviar cartas de advertencia a los internautas que hagan descargas no autorizadas y llevar a cabo la desconexión a internet de los supuestos infractores. Los proveedores que no colaboren también serán sancionados y perseguidos.
"Las medidas para intentar reducir las descargas ilegales de archivos son injustas, no funcionarán y pueden resultar en que millones de clientes que no han vulnerado ninguna ley sufran las consecuencias y vean invadida su privacidad", ha venido denunciando el infatigable ejecutivo de Talk Talk, Andrew Heaney, que coordinó el equipo que seguirá intentando tumbar la ley antidescargas en los tribunales y más allá.
El director de la poderosa Alianza de productores de cine y televisión, John Mcvay, les ha recomendado a los de TalkTalk: "dejar de gastar dinero y tiempo" en intentar tumbar la ley antidescargas y centrarse en trabajar con los "gestores" de los derechos de propiedad intelectual y el gobierno para implementarla. La vida sigue igual.
En Nación Red | La Digital Economy Act se aprobó sin contrastar datos
