Es tan genérica que permitiría un campo de actuación mucho más amplio del que asegura el gobierno - aseguró que el problemas son unas 200 webs - y a priori, imposible de evaluar en su impacto económico y social
Este es uno de las muchas pegas que la denominada "Ley Sinde" ha recibido por parte de Redtel, la asociación de operadores de telecomunicaciones con red propia de la que forman parte las principales empresas del sector (ONO, Orange, Telefónica y Vodafone) han enviado en un documento a los grupos parlamentarios al que ha tenido acceso El País.
En el mismo exigen que se garantice la profesionalidad e independencia de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), que deberá gestionar las medidas coercitivas. Redtel se queja de que actualmente ni siquiera se exige que los miembros de la CPI sean independientes y profesionales experimentados. También piden que en la Comisión estén representados los usuarios como propone el Partido Popular (un representante).
Otro aspecto en el que hacen especial hincapié es en evitar que la tramitación de una denuncia contra una página web implique la intervención de cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil). Los operadores proponen que únicamente intervengan los juzgados de lo mercantil.
Los operadores, en fin, también se quejan de que el debate y las reformas propuestas no se circuscriban al ámbito natural, que no es otro, en su caso, que la Ley de Propiedad Intelectual (o el código penal).
Imagen | rogilde - roberto la forgia
