Ayer entró en vigor en Japón la nueva ley antidescargas que impone condenas de hasta dos años de prisión para los internautas que realicen descargas ilegales, o 2 millones de yenes (unos 20.000 euros). La subida de archivos ilegales se castiga con diez años de cárcel y una multa adicional de 10 millones de yenes (unos 100.000 euros). Quizás en Japón una condena de 10 años de cárcel se vea con otros ojos, hay que tener en cuenta que la semana pasada ahorcaron a dos personas.
Japón, como es sabido, es el depositario del ACTA, que España y la UE (lo de Barroso y el otro) firmaron, pero el Parlamento Europeo no ratificó. Japón va en otra dirección y su parlamento acaba de ratificar la firma del ACTA que el Parlamento Europeo tumbó (o intentó frenar).
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