Como estaba previsto, y sin sorpresas, el ministro de Industria, Miguel Sebastián acaba de anunciar la aprobación de la “Declaración de Granada” para la nueva Agenda Digital que se implantará en la Unión Europea en los próximos años. Los ministros responsables de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de los países miembros, reunidos de forma informal en Granada (bastantes a través de videoconferencia debido a los problemas aéreos) han puesto en marcha esta Declaración que debe contribuir a afianzar el liderazgo tecnológico europeo en este sector estratégico.
Esta Declaración, como se ha explicado, reconoce que el sector de las TIC constituye un factor clave para el crecimiento, por lo que se han planteado poner en marcha algunas medidas como abogar por el mercado único digital, servicios públicos digitales y fortalecer la competitividad del sector. Algo que estaba previsto y alertado por organizaciones como ExGae, Red Sostenible, FCForum y Facua, como hoy mismo hemos informado.
Sin embargo, en la Declaración (PDF), en el apartado titulado “Uso avanzado de la Internet abierta, seguridad y confianza” se expone en el punto 5:
Salvaguardar el carácter abierto de Internet, mediante la implementación y la supervisión de la nueva normativa de comunicaciones electrónicas de la UE, en lo relativo a la explotación de redes.
Pero como indica, Juan Varela en Periodistas 21, uno de los primeros en analizar este asunto, deja el resto de lo concerniente a la neutralidad de la red “al albur de los reguladores nacionales”. Así, también puntualiza que, de esta forma:
Cada país podrá mantener la red abierta actual o permitir una discriminación limitada con diferentes grados de servicio en función de los contratos entre operadores, empresas de contenidos y servicios, y usuarios.
Por su parte, David Hammerstein, es más duro en su análisis:
La propuesta del Gobierno Español da la espalda a los derechos fundamentales en Internet: no apoya la neutralidad de la red; no distingue entre el uso comercial y el no-comercial de los datos protegidos; propone nuevas medidas penales para proteger los derechos digitales de autor; apuesta por una actuación de control represivo y policial para las empresas operadoras de telecomunicaciones.
La actual Presidencia Española en la UE utiliza el miedo hacia la actual crisis económica para profundizar en una tendencia proteccionista que pretende construir un bunker fortificado alrededor de unos estrechos intereses particulares y empresas. ¡Qué oportunidad perdida!
Vía | Ministerio de Industria
Imagen | laffy4k
