“El Concello de Ponteareas fue el primero de Galicia y el segundo de España en ofrecer un servicio de Wifi gratuito, hace casi una década. A día de hoy, sería impensable para sus habitantes no disponer de esta red para conectarse”, cuenta una crónica del Faro de Vigo sobre el efecto de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que como aclara el propio periódico, “no afectará a esta localidad, puesto que está inscrita en el registro de operadores de la CMT”.
Pero el propio concejal de Nuevas Tecnologías de Ponteareas, Alberto Novoa, denuncia las restricciones o limitaciones que sufren y lo difícil que es cumplirlas. Por ejemplo, “no se puede impedir que la red entre en las casas”, como les obliga la “normativa”. El concejal del pequeño municipio gallego no es optimista, “me imagino que van a ir a por todos”, apuntando a “intereses por parte de las operadoras”.
En otro punto de España, Joaquim Julià, responsable de telecomunicaciones en el Ayuntamiento de Cambrils, valora la sentencia de la Audiencia: “Entiendo que supone cortar un poco las alas de los ayuntamientos y la aspiración de que las nuevas tecnologías sean móviles y no estáticas”.
En su localidad, explica Julià, han puesto en marcha tres nuevas zonas de acceso gratuito a internet (restringido): los parques del Pinaret y del Pescador y el edificio consistorial. “Durante este primer año estamos comprobando cuánta gente se conecta y ser si hay suficiente demanda”, aclara Julià. Los horarios, también restringidos, son los de apertura y cierre de parques y dependencias municipales”. Pero Julià ve complicado que un consistorio opte por inscribirse como una operadora para mejorar algo el servicio:
Supone un riesgo para los consistorios. Quizás a un ayuntamiento grande como el de Tarragona le puede salir a cuenta. Al final, se trata de una voluntad política.
Pero Pau Pérez, concejal del Ayuntamiento de Tarragona, también descarta esa opción y asegura que en su ciudad seguirán ofreciendo el wifi como un servicio muy básico (y restringido) destinado al funcionamiento del municipio – hacer algunos tramites – y el trabajo de sus funcionarios:
Hay que tener en cuenta que somos 1.300 (funcionarios) y tenemos 150 edificios. No queremos entrar en el terreno de las operadoras. Eso te obliga a llevar una contabilidad y sería muy complejo.
La sentencia de la Audiencia Nacional obliga a registrarse como operador (y pagar la tasa) a los ayuntamientos que quieren ir un poco más allá del “wi-fi de autoprestación de servicios”, pero incluso cumpliendo la normativa la “mejora” es muy limitada: la velocidad de la señal no debe superar los 256 kilobytes por segundo ni alcanzar a los edificios residenciales.
Aunque la CMT deja un resquicio a los municipios españoles para ofrecer un wifi más digno: financiarlo mediante patrocinios o publicidad. Es el modelo Avilés que otras localidades han seguido y seguirán. Aunque la pregunta que se hacen los defensores de “lo público”, incluso alcaldes de grandes ciudades, es si nuestros gobernantes no deberían replantearse, al menos, las condiciones que limitan la velocidad del “wifi municipal” cuando las operadoras ofrecen el modelo japonés.
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