El Tribunal de Distrito de Oslo ha dado luz verde a un bufete de abogados danés para el envío de demandas a 21.804 posibles infractores de derechos de autor. Ese número, concretamente, responde al número de direcciones IP presentadas por el despacho Njord Law que la instancia judicial ha aceptado como posibles relacionadas con significativas violaciones de copyright.
Fue hace más de un año, en enero de 2017, cuando se supo que la firma de abogados había enviado cartas amenazantes a un indeterminado número de internautas noruegos pidiéndoles que pagasen 2.700 coronas noruegas, unos 280 euros, por supuestamente descargar ilegalmente películas de internet. Se estimó que unos 12.000 usuarios estaban en riesgo de ser demandados.
La misiva sugería que no pagar la cantidad exigida podía terminar en una causa judicial y multas de importantes sumas de dinero. Una práctica que recuerda a la vista en el caso Dallas Buyers Club en Australia y España, el cual ha terminado en los juzgados con diferentes suertes para los acusados, y en otros casos de Estados Unidos.
Los antecedentes de la búsqueda de supuestos infractores vía direcciones IP
En Noruega, organizaciones de consumidores desaconsejaron el pago exigido por el bufete y los principales grupos de antipiratería, según explica TorrentFreak, se distanciaron. Fue en mayo de 2017 cuando otra campaña contra posibles infractores iniciada también por Njord Law en 2015 tuvo novedades.
El despacho pidió en nombre de una empresa de entretenimiento datos de abonados de una operadora local por posibles violaciones de copyright. Entonces, el Tribunal de Distrito de Oslo dio la orden a la compañía telefónica de entregar la información, pero la situación cambió cuando se decidió que las pruebas no eran suficientes.
El caso fue llevado por los letrados a la Corte Suprema de Noruega donde perdieron: las pruebas no probaban la infracción más allá de un cierto nivel. Ahí encontraron la clave, reducir las peticiones a direcciones IP que superasen dichos umbrales. Esa era la vía para identificar a los supuestos infractores a través de la información de las compañías telefónicas.
Los siguientes pasos del despacho de abogados
A partir de aquí, Njord Law y sus socios entregaron pruebas que mostrarían que 23.375 direcciones IP están involucradas en conductas infractoras que entran dentro de los umbrales que les reveló el alto tribunal noruego. Esto se supo gracias a una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Oslo en enero.
Se trataba de direcciones IP implicadas en el enjambre BitTorrent con tamaños superiores a 10.000 pares, que han compartido al menos dos de las películas de los demandantes, que ponen a disposición películas de los demandantes al menos durante dos días, que han puesto en disposición diez películas en total, que han puesto a disposición diferentes películas durante al menos diez días o que ponen a disposición películas de empresas e instituciones públicas.
Del total, como explica TorrentFreak, el tribunal consideró 21.804 direcciones IP. Lo que no está claro es cuántas de estas direcciones identifican a abonados únicos, aunque la instancia judicial considera que la gravedad, el alcance y el daño de la infracción son tan grandes que prevalecen los derechos de acceso a sus datos por parte de los titulares de los derechos de autor a la privacidad de su uso privado de internet.
No obstante, la sentencia establece que la adquisición de estos datos no le va a resultar gratuita al bufete. Njord Law deberá pagar a los proveedores de red implicados 907.414 coronas, unos 93.800 euros, más 125 coronas, unos 13 euros, por cada dirección IP y detalles asociados que reciba.
Se cree que los siguientes pasos que darán los titulares de los derechos de autor afectados y sus representantes legales es recurrir a la práctica que ya llevaron a cabo, enviando miles de misivas exigiendo un pago como explican medios locales. De no aceptarse por parte de los interpelados, podrían ser demandados por el despacho en nombre de sus representados. En cualquier caso, como en España, deberían demostrar las sospechas de infracción por parte del abonado, porque una dirección IP, a priori, no sería suficiente.
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