La principal cuenta de Twitter de Vox continúa limitada más de dos semanas después de que el partido político publicase un tuit en el que afirmaban no soportar "que con dinero público promováis la pederastia". Un mensaje que incumplió las reglas de la plataforma que prohíben las conductas de incitación al odio, dijo la compañía, que tuvo que defenderse de acusaciones de censura.
El tuit iba dirigido a una líder del PSOE, Adriana Lastra, en relación a un mensaje publicado por esta y adjuntado en la publicación de Vox en el que se decía que "no soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad".
Desde Vox se han negado a eliminar el tuit, lo que les permitiría recuperar el uso de la cuenta, y han interpuesto una denuncia contra Twitter España por la vía penal, aseguran, "por vulneración de los derechos de un partido, que representa a casi cuatro millones de españoles, a la participación política y a la libertad de expresión por cuestiones ideológicas". En el comunicado, emplean términos como "cierre" o "cuenta suspendida", aunque desde Twitter se ha hecho hincapié en que se trata de una limitación que bloquea temporalmente ciertas funcionalidades como la publicación de mensajes.
Desde Genbeta hemos preguntado a los abogados especialistas en derecho y tecnología, Carlos Sánchez Almeida y David Maeztu sobre la legalidad de la decisión de Twitter y el posible recorrido de la acciones judiciales de Vox.
¿Twitter puede suspender la cuenta de Vox?
Pese a que la Constitución española protege el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20, "los tribunales vienen reconociendo que el hecho de cerrar una cuenta de una red social no limita ese derecho ya que existen otras redes y formas de hacer llegar el mensaje", explica Maeztu a Genbeta.
El texto constitucional, además, limita el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, especialmente, "en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia". De hecho, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia anunció que denunciaría al partido de Santiago Abascal porque consideran que incurre en un delito de odio por el tuit en cuestión.
El socio del despacho 451.legal destaca que estas circunstancias se habían producido con medios de comunicación tradicionales, "pero no en plataformas en las que el mensaje elaborado por el partido político sale directamente, sin filtro editorial, hacía los destinatarios". "En este caso tenemos las condiciones de servicio de Twitter que facultan a la empresa para suspender o cerrar cuentas". En principio, asegura, esto haría legal la limitación del uso impuesta.
No obstante, David Maeztu recuerda que no tiene la misma consideración un usuario cualquiera que un partido político y que los primeros, al ser considerados consumidores, estarían más protegidos "frente a cláusulas abusivas de contratos, como podría ser el caso".
Sánchez Almeida, letrado de Bufete Almeida, coincide en declaraciones a Genbeta en que es legal la decisión de Twitter de limitar la cuenta de este partido.
¿Las acciones legales emprendidas por Vox tienen posibilidades?
El tuit de Vox que provocó la limitación de su cuenta en Twitter.
Respecto al posible recorrido de las acciones judiciales emprendidas por Vox, David Maeztu considera que haber optado por la vía penal hace más complicado el proceso. "Habría que saber qué delito exacto se imputa a Twitter, pero es complicado que la conducta encaje en algún tipo penal", comenta.
Yendo por la vía civil y reclamando la protección de derechos fundamentales "sería mas viable", asegura el letrado de 451.legal, "pues permitiría cuestionar las condiciones de servicio y si el cierre se adapta a las mismas o no, y el impacto que ello tiene en el derecho fundamental a la libertad de información y expresión".
Por su parte, Carlos Sánchez Almeida considera que la querella presentada por Vox "es descabellada, por decirlo suave". Explica en Twitter que "solo son delito las injurias graves y, antes de querellarse por injurias, hay que presentar una demanda de conciliación". Además, apunta, "el delito de injurias no está comprendido entre los delitos que pueden cometer personas jurídicas". Por tanto, la querella debe ir dirigida contra una persona física.
Incumplimiento de las reglas de Twitter
El tuit detonate de esta situación, como hemos comentado, incumple las reglas que prohíben las conductas de incitación al odio. Explicaba Twitter a Vox en el correo en el que se informaba de la limitación de la cuenta, "no se permite amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad".
Específicamente, Twitter aplica estas reglas frente a comportamientos como la incitación al miedo sobre una categoría protegida o frente a calumnias, epítetos, tropos racistas o sexistas, u otro tipo de contenido reiterado o no consensual, que se utilice para degradar a otra persona. Esto sucede cuando, por ejemplo, se afirma que los miembros de una categoría protegida tienen más probabilidades de participar en actividades ilegales o cuando se pretenden reforzar estereotipos dañinos sobre estos grupos.
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