Durante los últimos meses ha sido notorio cómo algunos clientes de Euskaltel han recibido cartas donde se les indica que deben pagar 150 euros para evitar ir a juicio. ¿El motivo? Haber realizado descargas P2P de varias películas, siendo la más notoria 'Once Upon a Time in Venice'. En junio conocimos que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao había desestimado la demanda a un cliente de Euskaltel por supuestamente haber descargado ilegalmente un torrent de la película 'Lady Bloodfight", en uno de los cientos de litigios en curso.
Ahora, el problema ha ido a más, pues clientes de Movistar están recibiendo cartas similares a las de Euskaltel a lo largo de todo el territorio nacional. Así, usuarios de Madrid, Sevilla, Barcelona, Alicante, Valladolid o Cádiz están afectados. El caso, como el de Euskaltel, se explica desde una decisión judicial.
El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha obligado a Movistar a compartir información sobre los titulares de las líneas ligadas a direcciones IP que la productora Crystalis Entertainment tenía almacenados. Hemos conocido esta realidad gracias al abogado David Bravo, especializado en derecho informático y propiedad intelectual.
Ya es oficial: las cartas a usuarios de redes P2P para evitar juicios por descargas mediante el pago de acuerdos extrajudiciales se han extendido de Bilbao a otras ciudades, como Madrid y Valladolid. Lo que quiere decir que ya le puede llegar a cualquiera en España.
— David Bravo (@dbravo) September 13, 2019
400 euros por descargar cuatro capítulos
A diferencia de lo visto en el caso de Euskaltel, donde las indemnizaciones ascendían a 150 euros (en Bilbao los jueces han impuesto sanciones por esas cantidades en sentencias de juicios) el actual caso de Movistar está demostrando que las productoras no se contentan con pedir dichas sumas, y como vemos en el tuit de Iñaki Martínez, Crystalis Entertainment,a través del bufete Lucentum, está pidiendo 400 euros por no llevar el "conflicto" a la vía judicial, ordenando al usuario que pague antes del 27 de septiembre.
De los 400 euros, afirma se afirma en la carta, 100 euros tienen que ver con la compensación por "cada título ilícitamente compartido", "más 300 euros por los gastos de investigación y reclamación". Según cuentan nuestros compañeros de Xataka, existen casos donde se han llegado a demandar hasta 1.300 euros por la descarga de 10 capítulos.
En respuesta a @AEuskaltel
— Iñaki Martínez (@deth_mage) September 13, 2019
@davidmaeztu
y @dbravo
Aquí tenéis la carta que me ha llegado de Badajoz, con la compañía Movistar. Esto ya es imparable. pic.twitter.com/AmzHMzn5OA
Como decíamos, para acceder a estos datos, las productoras se han valido de que el juzgado de Madrid ha aceptado Diligencias Preliminares a instancia de Movistar, como cuenta David Maeztu, abogado especializado que ha llevado casos de Euskaltel. El letrado afirma que Movistar no ha solicitado recurso a la decisión del juez, algo que le sorprende, y menciona al texto legal (artículo 256.1.11º, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) que habilita a dar la identidad tras la IP.
"mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas."
La cuestión es que la ley exige para dar datos que no sean por usuarios particulares "teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas" no solo por una pic.twitter.com/ueMIuAcxC2
— David Maeztu (@davidmaeztu) September 13, 2019
Como vemos, no encaja en estos, casos, porque los actos de los consumidores de buena fe y sin ánimo de lucro son los que se están teniendo en cuenta para solicitar las direcciones IP a Movistar, y para los que el juzgado ha aceptado Diligencias Preliminares. Como cuenta Maeztu a Xataka: "Se debe hacer de forma ponderada y no es el caso. Aquí no hablamos de una persona cuya IP está descargando 800 películas, sino que todo se basa en que un señor de Alemania ha detectado una IP compartiendo una obra concreta durante un segundo. Y eso es todo lo que se aporta".
Según relatan a Xataka los abogados especializados, es posible que el tema escale a otras compañías más allá de Movistar y Euskaltel, y no descartan que otros juzgados estén valorando acciones con otras operadoras. Para frenar las peticiones, Maeztu relata que en el caso del País Vasco, "planteamos que haya una cuestión prejudicial y una cuestión de constitucionalidad, lo que abriría la puerta a poder pararlo.
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