El Gobierno de España en funciones y la Agencia Española de Protección de Datos han hecho pública hoy su alianza para frenar la difusión de determinados contenidos sensibles. Materiales como imágenes, vídeos o audios de índole sexual o violenta que, además, pueden incluir datos personal y buscar la humillación de víctimas de violencia machista, escolar o laboral.
El objetivo pretende alcanzarse con la habilitación de un canal prioritario para comunicar la difusión ilícita de contenido sensible y solicitar su retirada. Una vía de comunicación directa con la AEPD cuyo objetivo es ofrecer "una respuesta rápida en situaciones excepcionalmente delicadas" con la adopción urgente de medidas cautelares previstas en la Ley Española de Protección de Datos.
Las reclamaciones, que serán atendidas de forma prioritaria por el funcionariado de la agencia, deberán describir las circunstancias de la difusión no consentida del contenido denuncia indicando, particularmente, "si la persona afectada es víctima de violencia de género, abuso o agresión sexual o acoso, o si pertenece a cualquier otro colectivo especialmente vulnerable". Esto incluye a menores de edad, personas discriminadas por su orientación sexual o raza, personas con discapacidad, enfermedad grave o en riesgo de exclusión social.
Naturalmente, las solicitudes de retirada deberán ir acompañadas de la dirección o direcciones web en las que se localiza el contenido señalado.
Facebook, Google y Twitter colaborarán
La Agencia Española de Protección de datos explica que "Facebook, Google y Twitter han mostrado una actitud proactiva para la ejecución de las medidas cautelares incluidas en esta iniciativa". Sin embargo, no todo acaba en la retirada del contenido de las plataformas sociales en las que se han publicado.
Como explican en el comunicado hecho público hoy tras la firma de un convenio y cinco protocolos entre la AEPD y varios ministerios y organismos del Gobierno de España, a partir de las reclamaciones recibidas se valorará la apertura de un procedimiento sancionador contra el o los usuarios responsables de haber realizado el tratamiento ilegítimo de datos correspondiente a las mismas.
Además, recuerdan, "esas personas pueden tener no sólo responsabilidad administrativa sino también disciplinaria, civil y penal".
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