La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para explicar el papel de su Gobierno en la crisis de la Sociedad General de Autores. Dos novedades en esta jornada vespertina. Esperanza Aguirre es culpable de lo que pasa en la SGAE por partida doble. Como presidenta de una comunidad autónoma y como ex ministra de Cultura, ya que ella autorizó a las entidades de gestión a crear las sociedades mercantiles, fundaciones y sociedades anónimas de las ha surgido el problema en el interior de la SGAE.
Además de acusar a Espe, Sinde ha querido respaldar el ¿programa? de la "nueva" Junta Directiva de la SGAE. "Es muy bueno y generará seguridad tanto en la ciudadanía como en los socios de la SGAE". Sobre todo en Achero Mañas.
A su ya manido argumento de defensa, en el que había insistido en la jornada matinal, la culpa es de las comunidades autónomas que tenían las competencias de control de la SGAE, toda la oposición le ha contestado que es una falsedad o una manipulación oportunista.
González-Sinde se escuda una y otra vez en que el Ministerio de Cultura no tiene competencias desde el año 1997 como consecuencia del reparto competencial que estableció en esta materia la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional. La oposición le ha recordado que esa sentencia sólo se refería al País Vasco (y a Cataluña). Además estas competencias (de control) no se traspasaron, salvo al País Vasco ¡la semana pasada!.
El portavoz de Cultura del Partido Popular, José María Lassalle, le ha replicado a la ministra que ella "sabe perfectamente que tenía la responsabilidad" de controlar las entidades de gestión y ha criticado que Sinde se haya aferrado a dos ideas básicas: "yo no soy responsable porque existía una laguna legal y un laberinto jurídico".
Pero usted es responsable político directo de lo que ha estado sucediendo al frente de las entidades de gestión, en la medida que la sentencia del TC de 1997 no exonera de responsabilidad al Ministerio. Quien puede lo más puede lo menos, y si usted puede dar una licencia y revocarla, eso justifica la intervención del Ministerio para poder al menos salvaguardar la buena imagen de vigilancia.
Por su parte, Joan Tardá (ERC) ha indicado que esta competencia de control de las entidades de gestión para las comunidades autónomas en la que se escuda Sinde "no ha sido transferida, por lo que echar la porquería a los demás no es admisible". Ha añadido que el "Gobierno socialista catalán nunca logró que la SGAE catalana informara sobre todo aquello que se recauda en Cataluña".
Siempre hemos reivindicado la necesidad de modificar de forma profunda la Ley de Propiedad Intelectual. Por eso rechazamos que hoy se muestre a favor de una modificación parcial, porque no queremos cataplasmas. Si la Guardia Civil no hubiera actuado, usted no estaría aquí. Diga usted hoy aquí que el Gobierno va a presentar un proyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual
Bienvenida la actuación de la Audiencia Nacional, bienvenida la actuación de la Guardia Civil, porque a la Guardia Civil también la pagamos los catalanes.
Montserrat Surroca (CiU) ha calificado de inadmisible que se ponga el foco en estos momentos en las comunidades autónomas con "justificaciones inciertas", pues éstas "no tenían ni tienen competencias para abordar la supervisión de lo que está siendo analizado en estos momentos". Surroca ha leído parte de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 para demostrar que ni Cataluña ni el resto de las comunidades autónomas tienen competencias para supervisar las entidades de gestión.
Absténgase de evocar de nuevo esta sentencia del Constitucional. No tiene relación directa con lo que hemos venido aquí a discutir
Aitor Esteban, del PNV, ha afirmado que con el caso de la SGAE "todo se ha venido abajo con estrépito y hay que plantearse todo el modelo de la gestión de derechos". Según ha dicho, "el Ministerio no ha hecho nada y no vale recordar sentencias sobre distribución competencial de 1997, pues ha llovido un poco desde entonces", y ha criticado, como el resto de la oposición, que se culpe a las CCAA de no controlar las entidades de gestión y ha comentado con ironía "las comunidades autónomas no se han enterado de que eran competentes".
María Nuria Buenaventura (IU-ICV) ha insistido en que "no había una clara acotación de la gestión de la SGAE" y sobre el paquete de medidas para mejorar el funcionamiento y control de las entidades de gestión que ha anunciado la ministra en el debate, la represente de IU-ICV ha dicho que "llega con retraso y es tímida".
Francisco Jesús Jorquera, del BNG, ha asegurado que "los mecanismos de control fallaron y el Gobierno no puede eludir sus responsabilidades diciendo que sólo puede autorizar o retirar la autorización para que las entidades de gestión puedan operar, y que las competencias son autonómicas".
La SGAE es una entidad estatal y difícilmente puede una CCAA vigilar. El Gobierno estaba capacitado para tutelar, pero no lo ha hecho con eficacia. Todo es consecuencia del modelo de defensa de los derechos de autor, que debe ser revisado
Finalmente, el diputado del PSOE José Torres Mora ha considerado que de lo que ha pasado en la SGAE no se puede sacar la conclusión de que sea necesaria una revisión completa del sistema de propiedad intelectual. También ha explicado, solemne, que tiene ordenador desde año 1985. Impresionante.
Antes había acusado a José María Lassalle de mezclar el canon digital con una presunta corrupción en una de las ocho entidades de gestión que hay en España, y ha recordado que el caso de la SGAE se recordará como "una patología concreta que ha aparecido en una entidad en particular".
Foto | Esperanza Aguirre En Nación Red | El gobierno traspasa las competencias sobre la SGAE que no tenía
