Una dirección IP no se puede asociar con una persona concreta, según afirma el fallo de un tribunal estadounidense sobre un litigio entre una productora de cine porno y un usuario de Internet. Por ende, como una IP no puede asociarse a una persona, la persecución del intercambio de archivos mediante redes p2p ha sufrido un varapalo histórico.
Hace un par de meses empezó la batalla legal: Hard Drive Productions, una productora de cine para adultos, rastreó las IPs de varios usuarios que descargaron sus contenidos. Como ya es costumbre en Estados Unidos, la productora envió cartas a los usuarios reclamando el pago de una suma de dinero bajo amenaza de ir a juicio. Ya se sabe: el usuario se asusta y paga para escapar de cualquier posible problema.
Sin embargo, uno de los usuarios se opuso. Recurrió la demanda, ya que consideró que las leyes de propiedad intelectual norteamericanas no protegen el cine porno. Como consecuencia, aunque el fallo no ha ido en esa dirección, sí que se ha logrado una victoria importante.
La productora demandó a otras 90 personas, que han visto cómo el juez desestimaba la denuncia. Según el tribunal, no se puede establecer una relación directa entre una IP y una persona, ya que hay otras variables que entran en juego: ¿Es una IP pública? ¿Existe suplantación de identidad? ¿Algún vecino ha roto la contraseña del router y usa la conexión de forma transparente? Son muchos los cabos sueltos que quedan antes de relacionar una IP con una persona.
La decisión del juez es trascendental si se tiene en cuenta el sistema legal estadounidense y anglosajón, donde tiene mucha importancia la jurisprudencia. A la hora de juzgar un caso, los jueces se basan en gran medida en los anteriores fallos, de modo que esta resolución puede dar pie a otras que estén por venir.
