Tras unas elecciones que el auto del juez Ruz ha puesto en cuestión. El líder de la alternativa a "los hombres de Teddy" en la SGAE insiste en denunciar lo que resulta evidente: no tienen legitimidad, por eso "hemos impugnado las elecciones y esperamos a que se pronuncie el juez".
Que los hombres de Teddy (porque en su programa apoyaban su gestión) creen una comisión rectora y digan que están abiertos a todos los socios suena a tomadura de pelo: lo único abierto a los socios es una asamblea y va a haber pocos momentos más adecuados que este para convocarla.
José Miguel Fernández-Sastrón al frente de la candidatura DOM se enfrentó a la lista oficialista de Teddy Bautista y Caco Senante en unas elecciones muy particulares tanto por el sistema electoral como por las sospechas de fraude corroboradas por el juez Ruz.
A pesar de ello la ministra de Cultura aplaude en sede parlamentaria el programa (?) y las primeras decisiones de una junta directiva impugnada en la Audiencia Nacional, sin legitimidad y bajo sospecha de fraude electoral, que además mantiene en el cargo a los imputados Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, director general y director financiero de la entidad. Muy grave lo de Sinde y muy suave lo de la oposición, salvo Rosa Díez que le ha señalado la puerta de salida con determinación.
Además hay que recordar que esta olla podrida (o pucherazo) en la que se cuece la SGAE nos deja también el aroma rancio de su funcionamiento interno legal. Véase que los de Sastrón obtuvieron el 43% de los votos en los dos colegios electorales en los que competían, de los cuatro totales que componen la SGAE. Pero no sacaron ni un vocal. Véase que de los más de 100.000 socios de la SGAE, solo tenían derecho a voto 8.271 y votaron poco más de 1.000 socios (el 90% por correo), algo más que en 2007 cuando votaron 842. Pero todavía hay más: no todos los votos tienen el mismo valor. Tan peculiar y confuso como el reparto de escaños del sistema electoral alemán que le gusta a Rubalcaba.
Pero aquí lo grave, además del desvío de fondos, es la acusación de fraude electoral puro y duro, al margen del injusto sistema electoral. El auto del juez Ruz confirma cómo los directores de la entidad y en concreto Neri, preso en Soto del Real y el responsable de vigilar el censo, miembro de la comisión electoral, actuó activa y directamente a favor de la candidatura ganadora y directamente en contra de la lista de Sastrón.
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