Hadopi era poco, así que llegó LOPPSI y su capítulo Internet. El Senado francés está dando el visto bueno a todos los aspectos relacionados con Internet del controvertido proyecto de "Ley de Orientación y Programación para la Eficacia de la Seguridad Interior", bautizada como LOPPSI 2, que preveía que los policías y gendarmes pudiesen hurgar en los discos duros, en la memoria externa y en las pantallas de los ordenadores personales de cualquier ciudadano considerado sospechoso de un amplio abanico de delitos graves y menos graves.
El Consejo Constitucional echó atrás la delirante propuesta de Sarkozy que quebraba el Estado Democrático y de Derecho. Lo harán ahora con permiso judicial, salvo cuando el delito sea flagrante y esté relacionado con la pedofilia, si bien esa no era la intención de la derecha francesa, que no quería a un juez incordiando en ningún caso, ni suficiente garantía, en el extremo contrario, para los activistas más críticos con el capítulo de internet de la polémica LOPPSI que ahora mismo se vota y debate en el Senado francés.
Para estos activistas, más críticos, cualquier cosa puede pasar en las próximas horas en el Senado. ¿Incluso que sean legalizada las pesquisas en los ordenadores personales de todo aquel que pueda ser considerado sospechoso de un delito menor? Todo está abierto, desde una rectificación a una regresión. Las noticias que llegan son, en cualquier caso, desalentadoras, con la UMP, el partido de Sarkozy, actuando como apisonadora, al menos, hasta allí donde el Consejo Constitucional le ha impedido pasar.
El texto inicial, presentado por el partido de Sarkozy, autorizaba a acceder en un ordenador personal sin la menor restricción si había sospechas de conducta delictiva. Por ejemplo y especialmente los "delitos de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregular de un extranjero en Francia" o en cualquier país del área Schengen. Otra obsesión de Sarkozy como se ha visto con la expulsión de los gitanos.
Esta ley es una camisa de fuerza para nuestras libertades, denuncian los blogueros franceses. Los activistas digitales anti-LOPPSI señalan la importancia del artículo que autoriza la puesta en marcha de un filtro de Internet, ahora destinado excusivamente a perseguir la pedofilia, pero muchos denuncian que es un pretexto para limitar el acceso a otros sitios de Internet.
Otro artículo que es visto como una verdadera amenaza para las libertades - y que se votará en cualquier momento a lo largo del día de hoy - es el que permite a la policía instalar "cookies" en los ordenadores de cualquier ciudadano ante la menos sospecha. La medida se haría bajo supervisión judicial pero esto no tranquiliza a los escépticos ya que realmente será un fiscal, dependiente del gobierno, el solicitante de la orden judicial y un juez - siempre habrá uno - el firmante de la autorización, pero no el garante de la operación que quedará en manos del fiscal y de la policicía.
Pero lo grave no es esto, lo preocupante es que puede aprobarse que la instalación de "cookies" no se tenga que justificar exclusivamente en delitos considerados graves (terrorismo, pedofilia, asesinatos, torturas, tráfico de armas y drogas, el secuestro, por ejemplo) sino todo tipo de delitos. ¿Hemos nombrado ya las infracciones de derechos de autor?
El "Internet francés", nos cuenta un bloguero del país vecino, "es desde ahora mismo un Estado Policial donde será normal y legal rebuscar de manera permanente en los datos de mi PC. Incluyendo todo lo que escribo ya que se autorizan los programa de lectura de las pulsaciones del teclado. Y a su vez el micrófono, la cámara web... ¡todo!".
Hay nervios, pero desde el punto de vista del aparato estatal, en su afán por controlar y limitar la libertad, nada cambia. Además de la previsible aprobación de la instalación de "cookies", una adaptación 2.0 de las escuchas telefónicas, se quiere dar cobertura ¿legal? a la nueva flota de coches-policía "street view", estos si legales. Se sabía que algo así podía pasar, pero los medios franceses no han dedicado páginas al escabroso asunto. Todas las gastaron con el caso Google y sus endiablados cochecitos.
Si que se ha aprobado ya el delito de suplantación de identidad que condena a una pena de un año de prisión y 15.000 euros la usurpación de la identidad. Esta disposición pretende impedir que un individuo en particular se haga pasar por un tercero en las redes sociales causando un perjuicio o lesionando su honor.
Los opositores a la tipificación como delito de la "suplantación" advierten de riesgos evidentes como sería el caso de condenar a un ciudadano por crear un perfil, por puro sentido del humor, pero que un juez pueda considerar que "mina el honor de alguien... que se considera ofendido, por ejemplo, por su escasa estatura".
El Estado francés apaga la llama republicana. La "libertad" se convierte en una palabra hueca. Francia, que ha llegado a proponer la instalación y ejecución forzosa de spyware en el sistema operativo, promoviendo esta propuesta en Europa, tiene al frente de la jefatura del Estado al principal enemigo de la red. Su influencia, al otro lado de sus Pirineos, se hace transversal o al menos bipartidista. Ojo.
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