Si Amnistía Internacional denunció “la facilidad con que Vodafone ha accedido a desconectar su propia red en Egipto poniendo al descubierto su absoluto menosprecio a la libertad de expresión”, ahora La Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos (ANHRI) ha presentado esta semana una denuncia ante el Fiscal General de Egipto para que abra diligencias contra el Ministro de Comunicaciones, el presidente de la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones y los CEO de las empresas de telefonía móvil Mobinil, filial de France Télécom, Etisalat y Vodafone, así como los ISP LINKdotNET y TE Dat por su responsabilidad criminal al cortar Internet y los servicios de telecomunicaciones en Egipto arbitrariamente los días de la revuelta popular.
ANHRI denuncia que los manifestantes en la zona de Plaza de Tahrir, incluyendo el equipo de ANHRI, fueron sorprendidos en la noche del 25 de enero de 2011 por una maliciosa interrupción de los servicios de telecomunicaciones que causó un pánico generalizado. El servicio fue cortado durante tres días consecutivos y esa decisión se tradujo en un alto número de muertes ya que impidió que se pudiese llamar a las ambulancias o pedir ayudar para salvar a los numerosos heridos como se había hecho los días anteriores.
Un ejemplo trágico es el de Ahmed Abdel-Rahim Ahmed, un joven de 18 años que recibió un disparo en el pecho de un agente del Ministerio del Interior cuando participaba en una manifestación pacífica. Sus amigos trataron de llamar a una ambulancia pero la interrupción de los servicios de telecomunicaciones lo hizo imposible. Sus amigos lo llevaron al hospital más cercano, pero murió poco después. Había perdido mucha sange.
ANHRI, la organización en defensa de los derechos humanos más prestigiosa del mundo árabe, incluye en su denuncia a los dos proveedores de internet (ISP Link.net y TE Dat) por cortar los servicios de Internet durante cinco días (28 de enero al 2 de febrero) lo que consideran desde ANHRI un asalto inaceptable a los derechos de los usuarios de Internet y una flagrante violación de los términos del contrato. Pero sobre todo un acto de complicidad criminal con el régimen que dejó en la más absoluta indefensión a los ciudadanos.
La Red Árabe de Derechos Humanos denuncia “que la acción criminal de las empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet durante la revolución del 25 de enero no se detuvo en la violación del derecho de los ciudadanos egipcios al libre uso de las comunicaciones, su derecho a la libertad de expresión y el incumplimiento de las condiciones del contrato”, su responsabilidad va mucho más allá y se extiende a los casos en los que los manifestantes heridos no pudieron ser atendidos lo que les ocasionó la muerte”. Aquí hay una responsabilidad penal y el Fiscal General tiene que abrir una investigación urgente para que los criminales no queden impunes”.
La Red Árabe exige en su denuncia “conocer el nombre de la persona que dictó la decisión de cortar el servicio y si esta decisión se hizo por escrito y siguiendo un procedimiento legal”. Es necesario conocer, informan desde ANHRI, si existe esta orden para valorar el grado de responsabilidad de estas empresas en un acto criminal por el que deberán ser castigadas”.
Vía | ANHRI
