Tras conocer la reciente sentencia a favor de las redes P2P de un juzgado de Barcelona, hemos creído oportuno entrevistar a Carlos Sánchez Almeida, abogado del Bufet Almeida y defensor, en este caso, del propietario de la web elrincondejesus.com, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet.
Con él hemos hablado de esta sentencia y, como no podía ser de otra forma, de la Ley de Economía Sostenible y su futuro inmediato. Carlos Sánchez Almeida escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.
- La sentencia de Jesús Guerra, de la web elrincondejesus.com ha sido calificada de histórica ¿Cree que abrirá el camino para futuras decisiones en la misma línea? ¿Podría quedar como un caso aislado? ¿Qué repercusión tiene dicha sentencia?
La sentencia dictada por el juez Raúl García Orejudo es histórica en la medida que se trata del primer caso civil de P2P que ha llegado a juicio en España, pero también porque Su Señoría ha analizado en profundidad el fenómeno del P2P en sí mismo, y no únicamente los enlaces. En cualquier caso, no es más histórica que el auto de sobreseimiento libre y archivo dictado en el caso Sharemula por el juez Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, primer caso en el que se estableció que los enlaces a archivos P2P no constituyen delito. Ningún caso es aislado: la judicatura española interpreta las leyes de conformidad con la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, y el hecho evidente es que el caso Sharemula abrió el camino a muchas otras resoluciones judiciales en el mismo sentido; esperemos que pase lo mismo con el caso de elrincondejesus.com, cuya repercusión habrá que analizar a la luz de sentencias posteriores, y muy especialmente de la que dicte en apelación la Audiencia Provincial de Barcelona.
- Las páginas de enlaces tienen ánimo de lucro y no suelen compartir sus ingresos con los creadores ¿no cree que son parásitos que, en un modelo normal de internet el que hay oferta de contenidos por parte de los propietarios de los derechos, deberían quedar fuera?
Ni los abogados ni los periodistas somos notarios, y en consecuencia nuestras opiniones no establecen nunca una realidad objetiva. Ánimo de lucro, compartir ingresos mediante simbiosis o sinergias, o aquello que podamos considerar “normalidad” de un modelo económico –que por definición depende de valoraciones políticas subjetivas, que tildan de anormal lo que no entra en los esquemas del poder constituido– son conceptos indeterminados y flexibles, cuya valoración es preferible dejar en manos de los jueces. En cuanto al término "parásito", utilizado despectivamente por La Coalición, me recuerda a lo que decía Darwin sobre Dios y los icneumónidos: la evolución es cruel, en la biología y en los negocios. Mis clientes, profesionales de la informática, han abierto nichos de mercado que intermediarios "parásitos" despreciaron en su momento. Las páginas de enlaces P2P se han limitado a informar sobre lo que ya compartían libremente los usuarios, y no son más parásitas que, por ejemplo, los blogs con publicidad que ejercen con extraordinaria prodigalidad del derecho de cita de otros medios de comunicación. Los propietarios de contenidos –si es que realmente lo son, lo que habría que analizar a la luz de vetustos contratos de edición que no siempre recogen la cesión de derechos en el marco digital– quizás harían mejor en aprender de los profesionales del posicionamiento en Internet. Otorgar visibilidad a la obra de los verdaderos autores y artistas es la principal función que el futuro reserva a los editores y agentes literarios.
- A menudo se señalan a los críticos con la ley Sinde afirmando que son partidarios del "todo gratis". Viendo los comentarios que circulan hoy día por Internet al respecto ¿qué parte de esta corriente defiende una idea de Internet libre y qué parte defiende descargarse todo gratis sin que le digan nada ni se les moleste?
A la vista de las cifras que se están manejando en los sistemas de descarga online que ofrecen las consolas de Sony y Microsoft, el iPhone de Apple o el Kindle de Amazon, creo poder afirmar con bastante seguridad que el concepto de "todo gratis" es un falso mito, creado de forma interesada por los responsables de una industria que no ha sabido adaptarse al mundo online. Si se ofrece al público una oferta de calidad, con descarga instantánea y a un precio razonable, el margen de los canales alternativos de descarga se reducirá a cifras despreciables.
- Se ha hablado a veces de que la SGAE y afines han intentado sensibilizar a jueces y fiscales ¿ves que esto haya tenido algún efecto tangible?
En absoluto, y no únicamente en el P2P. El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional tienen muchísimos más medios para corromper a nuestros jueces y fiscales de los que tendrá jamás la decadente industria del entretenimiento, a la que por supuesto –y a diferencia de lo que dicha industria ha hecho con los ciudadanos- no pretendo en modo alguno comparar con delincuentes. Los jueces y fiscales españoles, con todos sus defectos, son un referente internacional, y la única esperanza de un país asolado por la corrupción política.
- Si se aprueba la LES tal y como está ¿cuál sería la mejor estrategia para defenderse para una página de enlaces a descargas?
La Ley Sinde nunca llegará al Boletín Oficial del Estado, al menos en su redacción actual. Y si finalmente se aprobase el asalto administrativo a Internet, no podrían incoarse expedientes en los casos que todavía estuviesen tramitándose en nuestros tribunales, en virtud de las normas de prejudicialidad. En cualquier caso, estoy convencido de que la sociedad civil va a poner en su sitio a unos políticos que perdieron, desde hace mucho tiempo, todo contacto con la realidad.
- En cuanto a las entidades de gestión ¿continuará esta batalla entre usuarios de la red? ¿Qué perspectiva legal tienen y qué medidas se podrían tomar? Debido a las crecientes denuncias contra el Estado por el monopolio de las entidades de gestión ¿llevarán a conseguir que el Gobierno cambie su postura a este respecto? ¿Qué futuro tienen a medio plazo estas entidades?
Soy optimista con respecto al futuro de las entidades de gestión. Es evidente que necesitan una seria reconversión, depurando las responsabilidades y abusos en que hayan podido incurrir sus actuales dirigentes, por lo que deberán responder en su caso ante la administración tributaria y el Tribunal de Cuentas. Pero la gestión colectiva –no monopolística– es necesaria, porque la creación artística es un bien público que se debe tutelar: la sociedad del conocimiento sólo se puede edificar sobre el respeto al creador. Y ya está bien de que las operadoras de telecomunicaciones acumulen capital y manipulen gobiernos sin ofrecer nada a cambio. No son precisamente los buscadores de contenidos quienes deben pagar a las operadoras, antes al contrario.
- En cuanto a la reciente aprobación del Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible ¿qué posibilidades existen de ser recurrida por inconstitucional? ¿Cómo pueden actuar los ciudadanos y usuarios de la red a este respecto?
De verdad, no creo que haga falta llegar a tanto: la aritmética parlamentaria debería impedir por sí misma que fuese necesaria una intervención del Defensor del Pueblo o del Tribunal Constitucional. Pero si el poder legislativo no cumpliese adecuadamente con su función revisora, los ciudadanos tenemos la capacidad de paralizar la Red, mediante una huelga general de conexión. Si todos los webmasters de España se unen en una sola dirección, podemos detener cualquier abuso gubernamental. Todo cuanto ha pasado hasta ahora, incluyendo la tarde del 19 de marzo, sólo son avisos de lo que puede venir: no se puede gobernar a espaldas de Internet.
- ¿Por qué cree que el Gobierno ha desestimado la recomendación del CGPJ sobre las consecuencias de su posible aprobación definitiva?
En primer lugar, porque el objetivo de este Proyecto de ley es meramente propagandístico, para la parroquia de palmeros utilizados como escudos humanos por la industria del entretenimiento, de la que es rehén el partido gobernante. Y en segundo lugar, porque la persona que en última instancia ha avalado la redacción definitiva de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible nunca ha escuchado demasiado a los jueces, ni tan siquiera cuando era secretaria judicial.
Agradecemos a Carlos por su tiempo y dedicación para la realización de esta entrevista, así como su perspicacia en las respuestas.
