Los últimos meses en la red han sido muy convulsos, tanto en España como a escala internacional. En nuestro territorio se ha aprobado una ley que pretende cerrar páginas que enlacen a obras culturales y de entretenimiento, algo que los jueces han dicho que es perfectamente legal, y en Estados Unidos la clase política tiene como objetivo hacer algo semejante con SOPA y PIPA.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que ha ocurrido en España y lo que está pasando en Estados Unidos. Aparte del hecho de que los yankees hayan ejercido presión para obtener una ley Sinde a su medida y que el gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy después hayan asentido como uno de los satélites de la URSS 40 años atrás, la principal diferencia entre el caso de Estados Unidos y el de España son las empresas.
Mientras que aquí los que se oponen a la ley Sinde son “cuatro gatos” o “cuatro ganapanes”, unos “talibanes de Internet” y unos ladrones en general; en Estados Unidos son Google, Facebook, Wikipedia, Amazon, AOL, eBay, LinkedIn, Mozilla, PayPal, Twitter o Yahoo!, entre otros. Y tanta es su oposición que están dispuestos a dejar la red a oscuras el 23 de enero para ejercer presión contra SOPA y PIPA. Mientras tanto, en España hay 14 grandes empresas internacionales que dan las gracias a Rajoy por aprobar la ley Sinde-Wert. ¿Qué hubiera pasado si en España existieran empresas como las de Estados Unidos?
A falta de compañías con el peso económico de las estadounidenses, en España también hubo apagón. Las principales páginas de enlaces a vídeos y descargas cerraron como medida de protesta contra la ley Sinde meses atrás, cuando estaba pendiente de aprobación en el Congreso y el Senado. Sirvió una vez, pero en el Senado el pacto entre PSOE, PP y CiU dejó la protesta en nada.
En España no hay empresas que publiquen anuncios en el New York Times para mostrar su rechazo a la ley Sinde. No hay compañías tecnológicas que estén comprometidas con una red libre, esa que unos políticos que aún no entienden su funcionamiento quieren capar. Por ello, en España se aprueban leyes que van en contra de los fundamentos de la red, que limitan la libertad de expresión, que hacen caso omiso de los jueces y que, en definitiva, son inútiles. Pero eso sólo lo demostrará el tiempo y la inteligencia colectiva.
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