Pese a la gravedad de los delitos de los que se les acusa, que pueden ser castigados con más de 10 años de prisión, el juez Ruz no impuso fianza a ninguno de los imputados de la SGAE a los que ayer ponía en libertad a pesar de reconocer en el auto que la gravedad de los delitos lo son por lo mucho que se defraudó.
La oposición radical del fiscal (Anticorrupción) José Miguel Alonso a imponer medidas cautelares hizo mella en el juez que ya hace meses sustituyó a Garzón y que ayer se limitó a retirarle el pasaporte a Teddy Bautista y otros acusados. Otras informaciones señalan que “simplemente el fiscal no solicitó medidas cuatelares de importancia” y el juez no entró a discutir la “posición fiscal”.
El caso es que el fiscal José Miguel Alonso depende del veterano Antonio Salinas, ayer promovido por el Fiscal de Aznar y después “protegido” del Fiscal del PSOE, para algunos el mejor aliado de EE.UU en los tribunales españoles (ver caso Couso).
El auto que pone en libertad a Teddy Bautista y otros acusados argumenta para justificar su sorprendente decisión que existe una escasa probabilidad de riesgo de que los acusados de la SGAE se sustraigan a la acción de la Justicia por sus particulares circunstancias de arraigo en España.
Lo que no deja de sorprender cuando es conocido el “arraigo” de alguno de los acusados en otros países (Tenía chófer pero nunca le vi guardaespaldas, excepto en La Habana) y no se descarta la posible existencia de cuentas en paraísos fiscales relacionadas o no con el “microcaso” (un caso menor) al que, por ahora, deben de “atenerse” los investigadores, como se les ha dejado bien claro por parte de la misma Fiscalía.
Algo que ha aprovechado la SGAE para cargarle el muerto a los “infomáticos” y sacar pecho explicando al personal que “todas las demás actividades funcionales de la sociedad y sus operaciones corrientes” quedan excluidas de sospecha.
Precisamente en la trastienda de la política se especula sobre el forzado estallido de un microcaso SGAE, algo que se pone en relación con un supuesto amago de revuelta o denuncia pública, como en el caso de las cuentas suizas de Emilio Botín, por parte de servidores públicos que “estarían hartos” (a lo Bradley Manning) de los asuntos delicados que parecen “olvidarse” interesadamente en un cajón o son tratados con “un cuidado especial”, lo que supone una quiebra del Estado de Derecho. Queda la dignidad de esos anónimos servidores públicos, que son ninguneados, despreciados y marginados por sus superiores cuando “tocan” lo que no tienen que “tocar”.
En Nación Red | Prisión provisional sin fianza para un hacker, libertad sin fianza para Teddy Bautista
