"No hay una decisión tomada sobre si se elimina o no, lo que sí hay es una voluntad firme de Ferraz de que el canon y la Ley Sinde se revisen. Primero, porque no los comparten en su totalidad y, segundo, porque son temas muy perjudiciales, que están generando un desgaste innecesario al partido", le han contado fuentes del PSOE al diario económico del Grupo PRISA.
Esas mismas fuentes reconocen, ojo al parche, que los problemas de la SGAE han paralizado cualquier avance en las negociaciones sobre el canon "porque esta entidad es un interlocutor clave, y ahora está bajo investigación".
Lo paradójico de todo este asunto es que la propia Elena Valenciano ha insistido en que no van a suprimir el canon, simplemente han mostrado su disposición a cumplir el acuerdo, que ya han incumplido en plazo, al que llegaron con el PP cuando los dos partidos aprobaron la Ley Sinde y que decía:
El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada.
El 4 de marzo entraba en vigor la "presente ley" que no es otra que la Ley 2/2011 (de Economía Sostenible). Cuando vencía el plazo, tres meses después, la Guardia Civil no había registrado el Palacio de Longoria y Miguel Sebastián llevaba muchos meses negociando con la SGAE. Su interlocutor clave. La excusa que le han filtrado a Cinco Días es antológica. Al final tendrá la culpa el juez Ruz por dejarles sin interlocutor.
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