El Palacio de El Pardo fue el escenario elegido el 9 de abril de 2010 para celebrar una cumbre sobre seguridad al más alto nivel entre una delegación de EE.UU y otra de la UE. Allí se decidía, entre otras cosas, poner toda la carne en el asador para servir un plato demencial cuya propiedad principal es la de obligar “de una vez por todas” a las compañías aéreas a entregar todos los datos personales recogidos en el llamado Passenger Name Record (PNR), un listado o registro que refleja no sólo los datos de identificación del pasajero sino también sus hábitos como viajero o turista, la información disponible sobre su equipaje o el sistema de pago del billete.
En ese marco incomparable, estadounidenses y europeos, con Rubalcaba como maestro de ceremonias, se decidía impulsar como “instrumento fundamental en materia de cooperación en la lucha común contra el terrorismo” el Passenger Name Record. En una frase: poder acceder a todos los datos que los europeos vamos dejando en la red y los sistemas informáticos de las agencias de viajes o aeropuertos cada cada vez que hacemos un viaje.
El discreto Pacto de El Pardo sobre el impulso político a la retención de datos de los viajeros cumple este mes “con la primera fase de lo acordado”, por eso la próxima semana los ministros del Interior de la UE quieren anunciar sus primeras decisiones y propuestas que van a ir más allá de la directiva (pdf) sobre los PNR defendida por la comisaria Cecilia Malmström. Una directiva que ha sido muy criticada pero que a Rubalcaba le parece insuficiente. Esto es:
Tener acceso a 19 datos de identificación de aquellos pasajeros que entren o salgan de la UE en vuelos internacionales. Estos 19 datos son proporcionados por los pasajeros en el momento que adquieren el billete e incluyen, entre otros, el itinerario o la dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil y de tarjeta de crédito. La datos serán conservados durante cinco años y compartidos con EE.UU.
En el caso de menores de 18 años también se retendrán los datos del sexo, edad, idiomas y responsables del menor a la salida y llegada del vuelo. Los mismos serán transmitidos a una “unidad de información” dispuesta en cada uno de los 27 Estados que conforman la UE, y podrán ser requeridos por las autoridades a cargo de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
A Rubalcaba le parece poco. Le apoyan 17 ministros del Interior que quieren incluir todos los vuelos dentro o fuera de la UE e incluso ampliar la retención de datos a los viajes en ferry y en tren. Se opone, en principio, el Parlamento Europeo, diversas asociaciones y think tanks, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el gobierno alemán por la presión de los liberales. También el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y más que probablemente, si se pasan con la receta que les suministra El Pentágono, lo volverá a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Si bien EE.UU espera que su ministro más eficaz vuelva a demostrar de lo que es capaz. Frente a Rubalcaba, obsesionado con internet y la retención de datos, un joven eurodiputado verde, Jan Philipp Albrech, siempre vigilante a la hora de defender y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Dos generaciones frente a frente. Pero no es una cuestión de edad.
