Soraya Sáenz de Santamaría ha querido dar las “gracias a todos los que han participado” en la consulta pública de la Ley de Transparencia. La vicepresidenta ha calificado de “muy positivos” los resultados de la misma.
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Sáenz de Santamaría mantiene que estamos ante “una Ley completa” pero la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha criticado el proyecto del gobierno (pdf) en un informe (pdf). Para la OSCE el gobierno no cumple con los principios y normas establecidas por los tribunales de derechos humanos o las organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales.
La OSCE reprocha al gobierno que su proyecto “no reconoce que el acceso a la información es un derecho fundamental” y que no contempla sanciones específicas por violaciones del derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Además denuncia que en “el artículo 2 del proyecto de ley permite el acceso a la información de algunos organismos públicos pero excluye a otros” y “establece que sólo se debe proporcionar información relacionada con las actividades realizadas en el marco del derecho administrativo”.
Esto podría interpretarse como una limitación al derecho de acceso a la información pública
Por eso recomiendan modificar el artículo 9, “que incluye una lista muy amplia y vaga de excepciones”, de forma que éstas se eliminen “siguiendo el principio de máxima divulgación”. Asimismo, apunta que “debería ser posible solicitar la información de forma anónima y sin revelar los motivos de la solicitud” (al contrario de lo que dice el artículo 14), y critica la vinculación ministerial del organismo encargado de centralizar las peticiones de información, la llamada Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios.
Desde la sección española de la ONG Transparencia Internacional también se ha pedido al Gobierno que se introduzcan en la ley distintos supuestos de infracciones y sanciones en relación con el incumplimiento de las normas recogidas tanto en el Capítulo I (publicidad activa), como en el Capítulo II (Derecho de acceso a la información pública) y ha señalado que el establecimiento de Silencio administrativo negativo (cuando la Administración no contesta se entiende la información como denegada) “respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita y no tiene justificación”.
En cuanto a la Agencia responsable de garantizar el derecho a la información, la organización ha subrayado que “no es una Agencia independiente ya que se encuentra bajo el ámbito del Gobierno, que es quien nombra o cesa el presidente” y ha solicitado “la creación de un nuevo órgano independiente o la modificación del ya existente para favorecer su independencia”.
Para el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España “la redacción final ha ido más allá de lo recomendable al considerar que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”.
Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos
Transparencia Internacional lamenta que el proyecto del gobierno “no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas Constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto”.
La Coalición ProAcceso ya había venido alertando sobre las graves deficiencias del anteproyecto, por eso, con motivo de la consulta pública, las 55 ONG que integran la Coalición enviaron un análisis conjunto (pdf) al gobierno español destacando una serie de puntos críticos como el carácter “muy limitado” de la definición de la información que se puede solicitar y el amplio número de excepciones que se podrían aplicar.
Todas las ONG coinciden en hacer un llamamiento para que se reconozca el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, en línea con los estándares internacionales, y en favor de la creación de un órgano independiente, que proteja y promueva este derecho.
Más de 83.000 internautas han firmado la petición de Avaaz instando al Gobierno a presentar un nuevo anteproyecto de ley que “acabe con la cultura de secretismo que asola nuestra democracia”.
Foto | Ministerio de la Presidencia
