Google está ofreciendo 13 millones de dólares para poner fin a un escándalo de privacidad que sacudió a la compañía hace casi una década. Corría el año 2010 y los de Mountain View era demandados por haber utilizado los vehículos de Google Maps para rastrear redes wifi domésticas y otros datos personales.
El escándalo amenazó con miles de millones de dólares en daños y perjuicios a la compañía y se sitúo como uno de los mayores casos de rastreos en Estados Unidos. Fue, por así decirlo, el Cambridge Analytica de hace diez años.
El acuerdo que pretende Google, adelantado por Bloomberg, le sale barato. Por un lado, porque la cantidad que la compañía está ofreciendo es menos de una sexta parte de los ingresos netos que la unidad de Alphabet Inc. genera de media en un solo día. Por otro, porque en caso de perder un juicio por esta cuestión las compensaciones se preveían multimillonarias.
Una parte para los demandantes, otra para grupos de defensa de la privacidad
El caso del que eran protagonistas los coches de Google Maps responsables de Street View, que se llegó a conocer como "Wi-Spy", habría afectado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Por cada caso de violación de la privacidad, según determinó un tribunal estadounidense, Google podría haber tenido que pagar 10.000 dólares.
La clave es que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco rechazó, en 2013, el argumento con el que se defendía Google y que aseguraba que era legal interceptar redes wifi abiertas. Según esa defensa, eran similares a las transmisiones de radio de AM y FM. Pero eso no fue aceptado.
En cambio, de acuerdo con la conclusión judicial, en este caso se podía aplicar la ley federal de escuchas telefónicas. Y de ahí las compensaciones importantes a las que se exponía la empresa ubicada en Mountain View.
Sin embargo, pese a que la veintena de afectados que presentaron una demanda colectiva habían ganado una pequeña batalla con lo anterior, sus abogados se han mostrado favorables al acuerdo. Según Bloomberg, argumentan que existe el riesgo de perder el caso y terminar sin nada, al mismo tiempo que consideran que el acuerdo puede actuar como elemento disuasorio y que los fondos que recibirán los grupos pro privacidad ayudarán a educar a los futuros profesionales tecnológico para que rechacen la explotación de la información personal.
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