Para algunos, el Parlamento Europeo ha dado un paso histórico al aprobar la implementación de la Cartera de Identidad Digital Europea, un sistema destinado a facilitar, a través de dispositivos móviles, la autenticación y el acceso a servicios online tanto públicos como privados. También permitirá a los ciudadanos almacenar, compartir y firmar documentos electrónicamente.
En palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
"Una identidad que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta".
Para otros, bueno, todo lo anterior es correcto, pero creen que lo 'histórico' del asunto es que esta decisión nos conduce al marchitamiento de la privacidad de los ciudadanos europeos, y nos sitúa en la misma senda que regímenes como el de China.
Y es que, frente a las voces pro-identidad digital que defienden que reducirá la burocracia y que piden calma recordando que el uso de la misma será 'voluntario', sus opositores recuerdan que no se ha delimitado qué servicios exigirán o no su uso ni (y esto es lo más importante) si estarán obligados a proporcionar una alternativa...
...de tal modo que es perfectamente factible que termine siendo obligatoria para toda clase de trámites/consumos cotidianos: ir al médico, alquilar una casa, optar a ciertos puestos de trabajo, etc. Por supuesto, sobre el papel seguirá siendo de uso voluntario porque siempre quedará la opción de irse a vivir de ermitaño a una cueva.
Pero... ¿esto ya está aprobado?
La votación del órgano legislativo comunitario registró 335 votos a favor, con el respaldo tanto de los 'populares' como de los 'socialistas' europeos, frente a 190 en contra y 31 abstenciones.
Dado que prácticamente todos los gobiernos europeos están en manos de un partido perteneciente a uno u otro grupo pro-identidad digital, se da por sentado que el Consejo de Ministros de la UE, el organismo que debe tomar la decisión final de aprobar esta tecnología, la respaldará sin mayor contratiempo.
Pero esto es seguro... ¿o no?
A pesar de las garantías de control y seguridad sobre los datos personales dadas por los legisladores (que recuerdan que se ofrecerá a los usuarios un panel de privacidad desde donde podremos controlar nuestros datos), los activistas pro-privacidad han expresado su preocupación por los riesgos potenciales que este sistema podría suponer, al almacenar de manera centralizada toda clase de información sensible (historial médico, titulaciones, información financiera y otros datos personales).
Por un lado, plantea preguntas sobre quién puede acceder a estos datos y cómo se utilizarán, pudiendo ser explotados para fines de vigilancia y control social. La trazabilidad de toda nuestra actividad institucional y privada, y el potencial político y comercial de los perfiles que pueden trazarse a partir de la misma, debería ser causa, como mínimo, de preocupación.
Por otro, en estos casos siempre existe el riesgo de ciberataques. Que los 'poderes públicos' actúen como custodios de nuestra vida digital debería tranquilizar poco a cualquier que recuerde que aquí en España un adolescente pudo hackear al Consejo General del Poder Judicial, y utilizarlo como puerta de acceso a la Agencia Tributaria, exponiendo así los datos de millones de contribuyentes.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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