Los taxistas están llamando de nuevo a sus sindicatos a la movilización, ante la derrota legal inflingida hoy por la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Uber, y que a instancias del recurso contencioso-administrativo presentado hace ahora justo dos años por la compañía anula los dos primeros artículos del Real Decreto 1076/2017.
Recordemos: en diciembre de 2017, el gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy aprobaba un real decreto que venía a limitar y regular las actividades económicas de los VTC (vehículos de transporte con conductor), y que contó con dos artículos que generaron especial polémica.
El primero de ellos prohibía la venta de licencias VTC durante los dos primeros años tras su expedición original (una reclamación central de las asociaciones del taxi), mientras que el segundo instauraba la figura de un registro electrónico oficial en el que los VTC debían notificar a la Administración la hoja de ruta de sus viajes.
Vuelven a sonar tambores de guerra en el sector del taxi
Cuatro meses más tarde, Uber interponía un recurso en el Tribunal Supremo contra dicho real decreto, en el que se hacían eco de las tesis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que venía a afirmar que la norma del gobierno "restringía la competencia" de forma injustificada y que "desincentivaba que nuevas empresas entrasen el mercado" al limitar "su capacidad de abandonarlo durante los dos primeros años".
Todo ello, estimaban tanto Uber como la CNMC, "terminará repercutiendo negativamente sobre los usuarios de los servicios VTC". Además, el recurso destacaba la desigualdad del que eran víctimas las compañías del VTC frente a sus competidores (los taxis), a quienes no se les obligaba a notificar a la Administración ningún detalle relativo a sus viajes.
Ahora, con la anulación de estas condiciones, se abre de nuevo la posibilidad de expansión para Uber, Cabify y empresas similares, que podrán volver a comprar licencias emitidas a particulares durante los últimos dos años.
Con respecto al registro electrónico para VTC´s, Cataluña -que experimentó fuertes movilizaciones por parte de los taxistas en aquella época- es la única región española que ha puesto ya en marcha dicho registro.
Lo hizo mediante un polémico decreto aprobado en enero del año pasado que establecía toda serie de limitaciones a los VTC (como los 15 minutos de precontratación) que fueron muy bien recibidas por el sector del taxi y que provocaron, en última instancia, la salida de Barcelona por parte de Uber y Cabify.
Ahora, con la anulación de los dos artículos del real decreto, la Generalidad posiblemente se vea obligada a reformular su propia normativa, puesto que desaparecida la figura legal del registro podría no tener encaje la exigencia de la precontratación.
Imagen | Núcleo Editorial
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