La asociación mayoritaria del sector del taxi de Barcelona, Élite Taxi, ha presentado una demanda junto a Taxi Project contra Uber, Cabify y Free Now por prácticas colusorias, abuso de posición dominante, prácticas desleales y estrategia de precios predatorios ante los organismos de Competencia.
Sendas denuncias se han presentado en las sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) por infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Aunque no es el único infringido, dicen.
"Cruzada" contra el sector del taxi
Élite Taxi y Taxi Project dicen en un comunicado que "las agencias de la competencia en España han venido protagonizando una 'cruzada' frente al sector del taxi". Las acusan de respaldar "la competencia desleal de miles de autorizaciones VTC" y aseguran que "no solo han pasado por alto la ilegalidad e ilegitimidad de las VTC haciendo servicios urbanos, sino que además han sido protagonistas principales en el intento de que esas autorizaciones se multiplicasen hasta su absoluta liberalización". Algo que defiende, por ejemplo, Free Now. La empresa cifró en 214 millones de euros el ahorro que supondría liberalizar el sector del taxi en España.
Recordando que el sector del taxi ha desconfiado recurrentemente de las acciones emprendidas por los reguladores frente al largo conflicto entre taxis y las VTC, explican que presentan estas denuncias ante estos órganos porque Uber, Cabify y Free Now están infringiendo, dicen, "las propias leyes de las agencias de la competencia, de quien como hemos explicado, ha sido su propio valedor durante los últimos años".
"Están declarando pérdidas sistemáticamente en sus ejercicios y sin embargo regalan su trabajo asumiendo más pérdidas, incurriendo en un abuso de posición dominante", añaden. "Buscan excluir del mercado a los potenciales competidores, con el fin de conseguir el monopolio en los sectores, y poder aumentar a medio plazo los precios del servicio".
Las dos asociaciones defienden que las denuncias están basadas en resoluciones de los propios organismos, que las infracciones en las que habrían incurrido están tipificadas como graves y que las tres empresas deberían ser sancionadas con hasta 10 millones de euros. "Si la resolución de las agencias finalmente no se ajusta a derecho, nuestras dos asociaciones iniciarán acciones contra los responsables legales por una posible prevaricación administrativa en el dictado de estas", concluyen.
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