La pasada primavera varios clientes de la operadora Euskaltel recibieron una carta en la que se les pedía entre 150 y 475 euros para evitar una demanda judicial por haber descargado mediante redes P2P una película estadounidense. Una historia que se repite ahora con clientes de Movistar de varias partes de España.
El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, después de ser informado de la supuesta descarga ilícita de una obra audiovisual por parte de diversas personas, ha ordenado a Movistar facilitar la identidad y los datos de contacto de las mismas con el objetivo de que los representantes legales de la productora alemana Crystalis Entertainment puedan comunicarse con ellas.
En estas misivas se pide a los clientes de la operadora "el cese en la infracción de los derechos" y "la justa compensación de los daños ocasionados" que se traduce en 100 euros por cada "título ilícitamente compartido" y una cantidad fija de 300 euros derivada de los "gastos de investigación y reclamación". Si los usuarios no pagan en un mes, señalan estas cartas recibidas en Madrid, Valladolid, Cádiz, Badajoz, Sevilla, Barcelona o Alicante, serán demandados.
Los consejos de los abogados respecto a la recepción de una de estas cartas
Tanto David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, como David Maeztu, letrado especializado en derecho y tecnología, coinciden en recomendar a los que reciban estas cartas no pagar.
Maeztu, que se ha ocupado de diversos casos relacionados con las cartas recibidas hace meses por la petición de datos a Euskaltel, señala a nuestros compañeros de Xataka que "a partir de la experiencia que hemos visto, esta gente no pone denuncias". Es decir, la demanda con la que se amenaza no llega a materializarse. De hecho, asegura, "en el caso de las películas de el País Vasco, algunas de las productoras demandantes ya han cerrado, pero se aceptaron en su momento".
No obstante, el abogado se muestra cauto respecto a las intenciones de esta compañía alemana y destaca lagunas en estas reclamaciones extrajudiciales.
"Habrá que ver cómo se resuelven, pues están esperando una reacción de los primeros asuntos. Pero a nivel de costes con lo que piden, no sé si les compensaría. A nivel jurídico hay un montón de cosas que están haciendo mal y segundo porque no creo que haya un incentivo en demandar en todas partes. Pero bueno, tampoco sé cuál es su intención".
David Bravo, además de no pagar, recomienda a los afectados "agruparse como en el caso Euskaltel, ponerse en contacto con otros afectados y buscar asesoría jurídica conjunta". Este letrado recuerda además el caso Dallas Buyers Club que se saldó con una primera sentencia exculpatoria en un juzgado de San Sebastián y interpretaciones varias en otros juzgados en los que se estimaron parcialmente las demandas fijando la indemnización en 150 euros.
Por su parte, los responsables del colectivo de afectados al que hace referencia Bravo recomiendan lo mismo que los abogados a todas aquellas personas que hayan recibido cartas pidiendo dinero en las últimas semanas: "no paguéis". "Detrás de toda esta historia hay un montón de irregularidades", aseguran, y recomiendan un hilo de Twitter en el que explicaron "algunos aspectos del procedimiento judicial" que califican como "kafkiano".
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