No corren buenos tiempos para Internet, la privacidad y la libertad de expresión. Es algo que en los últimos meses estamos viendo de forma repetida. A nivel europeo el problema viene de la reforma de la Ley de Copyright y sus artículos 11 y 13, que pueden terminar con Google News y con el funcionamiento normal de YouTube y plataformas similares. A nivel estatal, se acaba de aprobar una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y los derechos digitales, que permite a los partidos elaborar perfiles políticos de los ciudadanos en base a su actividad en redes, así como enviarles SPAM electoral.
Por último, por si no era poco, y según recoge El Confidencial, el Gobierno aprobará, con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, la reforma de la Ley De Propiedad Intelectual, que permite cerrar páginas web sin que un juez intervenga, en caso de reiteración delictiva de la web. El problema es que "reiteración" es un acto demasiado ambiguo en esta ley como para no pensar que se puede usar según convenga, que es el miedo de los juristas.
Según el abogado especialista en propiedad intelectual David Bravo, es un "refuerzo de la Ley Sinde", aún vigente. Sin embargo, pese a que Internet no deja de llegar a más ciudadanos, la diferencia con 2011 es clara. En aquel momento, la movilización en redes fue tremenda y el ruido mediático enorme. Frente a ello, en 2018, tanto esta reforma, como la de Protección de Datos y la del Copyright en Europa apenas han generado revuelo y quejas por parte de expertos y de ciudadanos.
Hoy se aprobará en el Congreso el refuerzo de la Ley Sinde, que permitirá cerrar webs sin ningún tipo de control judicial en los procedimientos sancionadores. El juez, que se introdujo para calmar nuestro ánimos, se eliminará ahora porque saben que ya por aquí tragamos con todo.
— David Bravo (@dbravo) 27 de noviembre de 2018
Uno de los problemas más graves de aquella ley del PSOE es que, como esta nueva, también eliminaba la figura del juez para dar todo el poder a la Comisión. Sin embargo, en aquel momento se recuperó para, según Bravo "calmar nuestros ánimos". En el sentido señalado anteriormente sobre el contexto en redes, el abogado afirma que "saben que ya por aquí tragamos con todo".
Una reforma de ley con pocas posibilidades de ser frenada
Que sea un órgano ejecutivo y no uno judicial quien decida cerrar páginas web es un golpe enorme a las garantías de Internet y de los ciudadanos. Algo que durante estos años se ha recalcado tanto, también en otros sentidos, está muy cercano a integrarse en una ley, pese a lo fragmentado del Congreso de los Diputados.
Esta reforma podría acabar haciendo buena a la Ley Sinde, que al menos contemplaba, aunque mínimamente, la figura de un juez
Algunos grupos han hecho enmiendas, pero muy pocas y sin relevancia en el texto final que modifique partes fundamentales. La esperanza podría estar en una no aprobación en el Senado, pero en dicha cámara el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta, y dado que apoyarán el texto en el Congreso, es muy poco probable que luego se eche atrás a la hora de dar el paso final en la legislación de esta materia.
La nueva legislatura y el nuevo Gobierno ya apuntaban maneras en este sentido, con el PSOE estrenando las multas de la Ley Sinde a páginas web por un valor de 375.000 euros.
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