Si no das tus datos personales en un hotel, te enfrentas a un multazo: así quedan las cosas con el nuevo registro de viajeros

Hasta 30.000 euros por los casos más graves, pero el Gobierno niega que exista una intención recaudatoria

Multa al canto
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Desde el pasado lunes, el sector turístico español ha experimentado un cambio significativo con la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, regulado por el Real Decreto 933/2021. Esta normativa obliga a las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos a recopilar y registrar los datos personales de sus clientes en la plataforma digital 'SES.HOSPEDAJES', en un esfuerzo por reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control sobre actividades relacionadas con el turismo.

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El nuevo registro de viajeros: ¿qué implica?

El registro de viajeros, vigente desde 2021, pero ahora de obligado cumplimiento, establece que todos los viajeros que se alojen en hoteles, viviendas vacacionales, campings, hostales u otros establecimientos turísticos, o alquilen un vehículo, deberán proporcionar una amplia variedad de datos personales, que detallábamos hace poco.

Las empresas están obligadas a conservar esta información durante un periodo mínimo de tres años, un aspecto que ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios.

Sanciones por incumplimiento: de 100 a 30.000 euros

El Real Decreto 933/2021 establece un marco sancionador que no sólo afecta a los viajeros que se nieguen a proporcionar la información requerida, sino también a los propietarios, gestores de establecimientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos que incumplan con sus responsabilidades de registro y envío de datos.

Categorías de sanciones y sus implicaciones

Multas leves (100 a 600 euros): Las infracciones leves incluyen errores menores en el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo:

  • Retrasos en el registro de datos en la plataforma 'SES.HOSPEDAJES'.
  • Proporcionar información incompleta o errónea de forma no intencionada.
  • Pequeñas irregularidades administrativas que no comprometan significativamente el objetivo de la normativa.

Estas sanciones buscan "fomentar una adaptación progresiva" a los nuevos requisitos, especialmente durante los primeros meses de implementación.

Multas graves (601 a 30.000 euros): Las sanciones más severas están destinadas a infracciones que implican una negligencia grave o un incumplimiento deliberado de la normativa, como:

  • Negarse a proporcionar datos personales: Si un viajero rehúsa sistemáticamente entregar la información requerida, obstaculizando el proceso de registro.
  • Falsificación de datos: Presentar documentación falsa o información incorrecta con el objetivo de eludir los controles.
  • Falta de registro por parte de los establecimientos: Si un hotel, vivienda vacacional, agencia de viajes o empresa de alquiler de vehículos no registra o comunica los datos de sus clientes en la plataforma SES.HOSPEDAJES.
  • Incumplimiento de las obligaciones de custodia: Las empresas deben conservar los datos recopilados durante tres años. No hacerlo o extraviarlos puede considerarse una infracción grave.

Sanciones específicas para viajeros y empresas

Viajeros: Los turistas que se nieguen a proporcionar datos personales requeridos pueden enfrentar sanciones económicas y, en algunos casos, restricciones para acceder a servicios turísticos.

Aunque el marco sancionador apunta principalmente a los establecimientos, la negativa deliberada de un viajero puede considerarse una obstrucción grave al cumplimiento de la normativa.

Propietarios y empresas: Los establecimientos turísticos y las empresas de alquiler de vehículos tienen la mayor carga de responsabilidad. Por ejemplo:

  • Reincidencia: Si un hotel o agencia incumple varias veces con el registro de datos, las multas pueden agravarse, alcanzando el máximo de 30.000 euros.
  • Inadecuada protección de datos: El incumplimiento de las normativas de protección de datos personales en el manejo y almacenamiento de la información también puede conllevar sanciones adicionales según la legislación vigente en materia de privacidad.
El Ministerio del Interior insiste en que las sanciones "no buscan ser un instrumento recaudatorio", sino un mecanismo "disuasorio" para garantizar el cumplimiento de la normativa

Impacto en el sector turístico y la respuesta de los viajeros

La implementación de esta normativa ha generado controversia en el sector turístico, que critica el aumento de la carga administrativa y la falta de claridad en los procedimientos. Asociaciones como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) han expresado su preocupación por el impacto operativo y económico de la medida.

Por su parte, los viajeros han manifestado dudas sobre la protección de sus datos personales: asociaciones de consumidores recomiendan a los turistas que se informen sobre sus derechos y se aseguren de que los datos proporcionados sean tratados conforme a la normativa de protección de datos vigente.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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