El pasado 15 de mayo, cuanto los titulares de los medios se centraban en recordar y valorar el décimo aniversario del movimiento 15M, el hacktivista, abogado y responsable jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), lanzó un tuit en el que afirmaba que
"Si alguien quiere empezar a calentar la red para otro 15M, que se lea la Directiva de Copyright que el Gobierno quiere implantar por real decreto".
Ahora, el Gobierno está a punto de reformar la Ley de Propiedad Intelectual transponiendo la polémica Directiva de la UE referente al Copyright. Y, según denuncia Almeida, esta reforma se va a realizar "de forma inminente y por Real Decreto Ley".
Una urgencia buscada por el Gobierno
El Ministerio de Cultura tiene de margen hasta el próximo día 7 de junio para trasponer la citada directiva antes de que un retraso en el proceso provoque una multa a España por parte de las instituciones comunitarias.
La trasposición podría haberse realizado mediante trámites parlamentarios ordinarios y con tiempo de sobra para un debate abierto sobre las opciones disponibles, pues el ministro Rodríguez Uribes lleva ya año y medio en el cargo.
Sin embargo, según David González de RedDePeriodistas, prefirió no emprender una reforma de calado que llevara su nombre (como ya ocurrió hace años con González Sinde) y apostar por que la urgencia parlamentaria permitiera una aprobación rápida y desprovista de ruido mediático.
Todo esto, pese a que en febrero afirmaba explícitamente que esperaba que la reforma estableciera unas "reglas de juego claras" porque "esto luego hay que llevarlo al Parlamento [y ya] veremos qué dicen los grupos parlamentarios".
Ya sólo quedan dos opciones para aprobar la reforma, en ambos casos por 'decretazo': los consejos de ministros de mañana 27 de mayo y de la semana que viene, el 2 de junio.
Una ventana abierta para Google News
Y de nuevo, según González, uno de los cambios que conllevaría el nuevo articulado de la ley de copyright pasaría por borrar la 'irrenunciabilidad' de los derechos de autor de los medios que respaldó en su momento la creación del Canon AEDE… y que provocó el cierre repentino de Google News.
Este cambio llegaría, precisamente, en un momento en el que Google ha reactivado su iniciativa Google Newscase en España y empezado a firmar acuerdos individuales con grupos mediáticos (como Unidad Editorial), dejando de lado a la sociedad de gestión de derechos CEDRO, que pasaría de recaudador e interlocutor obligatorio depender de la confianza de los medios.
Estos acuerdos, así como la previsible —y, ahora sí, legalmente posible— renuncia a los derechos por parte de otros medios permitiría a Google News reabrir su servicio en nuestro país.
Una legitimación de la censura privada
La PDLI destaca tanto el alcance como los efectos que tendrá la nueva norma, pues afectará tanto a medios de comunicación y a la industria cultural como a la publicación de contenidos en las redes sociales por parte de cualquier ciudadano.
Almeida denuncia el temor al modo en que la reforma exprés de la ley podría trasponer el aspecto más polémico de la directiva europea: su artículo 17 (el infame 'artículo 13' de la primera versión de la directiva) que responsabilizaba a las plataformas de contenidos a monitorizar lo que los usuarios suben a las mismas para comprobar si estaban violando los derechos de autor.
Así, cada servicio estaba obligado a crear un sistema equivalente al Content ID de YouTube que permitiese detectar dichas violaciones. Ahora, podría delegarse en estos sistemas automatizados antes de que un juez se pronunciara sobre la procedencia de retirar o no un determinado contenido.
En palabras de Almeida, con esta norma
"Se está imponiendo la censura privada por parte de las plataformas [a la libertad de expresión y de información e Internet]". "Esta 'Ley Uribe' va a imponer el control de contenidos por robots (filtros automáticos) son garantizar la revisión humana ni el control judicial"
"Y esto no puede hacerse sin transparencia y sin un debate parlamentario", concluye Almeida, pues eso "nos acerca más a Bielorrusia que a un estado de derecho de la UE".
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