La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el gravamen a grandes empresas tecnológicas que conocemos como tasa Google, ha aumentado hoy su articulado con el objetivo de fijar las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios que permitirá calcular mejor lo que deberá pagar cada compañía a Hacienda.
Mientras se concretan los planteamientos internacionales sobre impuestos a este tipo de empresas, como la propuesta del G7 de que paguen al menos un 15 % el impuesto de sociedades en los estados en los que generan negocio y el anuncio de la Unión Europea que contempla la obligación para estas compañías a declarar país por país sus beneficios, la ley que rige la llamada tasa Google se afina en España mediante un real decreto para que el cálculo del impuesto, que contempla los servicios ofrecidos a personas dentro de las fronteras españolas, se aproxime a la realidad.
Para gravar, hay que localizar
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales grava cuatro servicios digitales: la publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, los demás servicios de intermediación en línea y los servicios de transmisión de datos. Y los grava, en España, cuando se prestan en territorio español y una persona se encuentra físicamente en él. De ahí, que localizar a los receptores sea una prioridad.
El artículo 5 especifica en su primer punto que las tecnológicas "deberán establecer sistemas o mecanismos internos que les permitan localizar los dispositivos de los usuarios en territorio español". De esto se podrán ocupar terceros, establece el segundo punto, y en todo caso estos métodos "deberán captar la IP de los dispositivos". Si no es posible, "deberán captar todos los datos utilizados para la localización". Esta información deberá ser guardada durante el plazo de prescripción del impuesto.
En la publicidad online, por ejemplo, además de obtener localización, las compañías tendrán que incluir en un registro los ingresos totales derivados de los anuncios en España, su número de apariciones en dispositivos que se encuentran en territorio español y, sin importar el lugar en que estos se encuentren, las veces que ha aparecido en cualquier dispositivo.
El real decreto que modifica la norma de la tasa también señala que las empresas contribuyentes deberán incluir, en una memoria descriptiva, el detalle de los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para analizar la sujeción al Impuesto de los servicios digitales prestados, localizar la prestación de cada servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, calcular los ingresos de las operaciones sujetas e identificar los ficheros, aplicaciones y programas empleados en tales procesos. Esta memoria deberá estar a disposición de Hacienda siempre que lo solicite.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, llamado tasa Google como estamos recordando, grava a empresas con una cifra de negocio que supere los 750 millones de euros a nivel mundial y los 3 millones de euros en España con un tipo impositivo del 3 %. Un porcentaje en línea con lo que se debatió en el seno de la Unión Europea respecto a la tributación digital. Su objetivo es tratar de que las grandes empresas paguen allí donde se genera su beneficio. Empresas como Amazon anunciaron que repercutirían la tasa a los usuarios y Estados Unidos ha respondido con aranceles a España y otros países.
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