Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, el concepto de 'teletrabajo' o 'trabajo en remoto' está a la orden del día, hasta el punto de haberse desligado —incluso— de cualquier vinculación con lo sanitario para pasar a ser tema de debate en campos como el de la atracción de talento o el gasto energético.
Y precisamente en este último sentido, el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la apuesta por el teletrabajo, tras un Consejo de Ministros realizado esta mañana, en el que se ha aprobado un 'Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado' que, además de otras medidas sobre control de temperatura y horarios de encendido, incluye el refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, para
"reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, garantizando siempre la prestación y calidad del servicio público".
¿Bajo qué condiciones se ejercerá este teletrabajo?
Según contempla este plan, aquellos empleados públicos que ocupen "puestos susceptibles" de ser ejercidos telemáticamente, "podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos presencialmente".
Sin embargo, podrán enarbolarse "razones organizativas debidamente motivadas" para reducir a dos las jornadas semanales de teletrabajo (se indica, por ejemplo, que el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% a lo largo de la semana).
Quedará, sin embargo, en manos de cada ministerio o entidad estatal la aprobación de un Plan de Trabajo (con el visto bueno de la Secretaría de Estado de Función Pública) que establezca exactamente qué puestos de trabajo de su plantilla cumplen las condiciones para acogerse a este nuevo sistema, si bien la decisión de hacerlo dependerá en cada caso de la voluntad del empleado público (y será reversible, si desea volver a su anterior dinámica de trabajo).
Según afirmaba hace una semana el sindicato CSIF, este plan de teletrabajo se regirá por las mismas condiciones que ya pactaron los sindicatos con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en abril del año pasado:
"La Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación".
Lo extraño es que, pese a que el Gobierno "espera aprobar el breve" el decreto de regulación del teletrabajo, las anteriores medidas empezarán a implementarse de inmediato, independientemente de la aprobación (o no) del citado decreto.
Por último, el plan del gobierno incluye la promoción del uso del transporte colectivo entre los empleados públicos para promover la movilidad sostenible, así como el fomento del uso de la bicicleta mediante la habilitación de aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos.
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