El Gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump al frente, ha anunciado el inicio de una investigación sobre la tasa Google que Francia plantea para los gigantes de internet. La administración estadounidense sospecha que este nuevo gravamen se ha concebido con el objetivo de perjudicar a empresas estadounidenses.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos asegura que "la estructura del nuevo impuesto propuesto, así como las declaraciones hechas por funcionarios, sugieren que Francia está dirigiendo injustamente el impuesto a ciertas compañías tecnológicas con sede en Estados Unidos".
Y las órdenes de indagar vienen de arriba según ha declarado el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer: "El presidente ha ordenado que investiguemos los efectos de esta legislación y determinemos si es discriminatoria o irrazonable y carga o restringe el comercio de los Estados Unidos".
Fuentes gubernamentales estadounidenses han señalado, según informa La Vanguardia, que responderán decretando aranceles contra productos de la Unión Europea, como vinos y automóviles. Amenazas que no son nuevas.
Estos se aplicarían al conjunto de artículos comunitarios, y no solo a los franceses, de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y únicamente si se determina que el impuesto del 3 % sobre determinados servicios digitales penaliza de una manera injusta a sus compañías.
Un palo más en las ruedas de la 'tasa Google' de la Unión Europea
Al contrario que Francia, que ha aprobado la también llamada tasa GAFA incluso a pesar de las reservas de Estados Unidos, España parece haber dado marcha atrás renunciando a ella. El documento programático con el que el PSOE —el partido político con más opciones de liderar la gobernación del país— quiere sentar las bases de un futuro nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez renuncia a impulsar el gravamen a nivel estatal y se encomienda al ámbito europeo.
Esta postura llama poderosamente la atención por dos motivos.
En primer lugar, los Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante, siendo en parte el detonante del adelanto electoral, contemplaban una previsión de ingresos provenientes de una tasa Google española. El Consejo de Ministros le dio luz verde y si se quedó en el limbo sin poder tramitarse fue por las elecciones anticipadas: decayó su tramitación parlamentaria con la disolución de las Cortes Generales.
Mediante este impuesto, que gravaría con un tipo del 3 % a grandes compañías tecnológicas que superasen una cifra de negocio de 750 millones de euros a nivel mundial y los 3 millones de euros en España, el Ejecutivo español esperaba recaudar 1.200 millones de euros al año. En Francia, la tasa aprobada contempla también un negocio mundial de 750 millones, aunque en territorio galo eleva los 3 millones españoles hasta los 25 millones de euros de ingresos en Francia.
El segundo motivo, todavía más importante, es que la tasa Google europea se encuentra abandonada. Mucho antes de que se hayan hecho públicas las reticencias de la administración Trump a la medida francesa, la Unión Europea dio cerrojazo al impuesto que grava ciertas actividades de las más grandes tecnológicas. No había manera de ponerse de acuerdo y se declaró como una "oportunidad perdida".
El ECOFIN, el consejo formado por los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros de la Unión Europea, constataron en el mes de marzo que no existía la unanimidad necesaria para dar forma a este nuevo impuesto a nivel comunitario. Pese al impulso que se le estaba dando a la iniciativa desde países como España, Francia, Alemania o Italia, persistía inamovible el veto de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia.
De momento, el posible futuro de una tasa Google o tasa GAFA pasa por una solución a nivel internacional a final de año mediante el proyecto del G20 o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el caso de que no fructificasen los gravámenes diseñados a nivel internacional, la Comisión Europea retomaría la creación del gravamen.
En marzo, Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, dijo que "avanzar quiere decir que hay que trabajar a nivel de la OCDE, pero también no abandonar el marco de la Unión Europea". Habrá que ver si las medidas que eventualmente pueda tomar Estados Unidos pueden afectar a estas intenciones europeas y de la OCDE en un sentido u otro.
Ver 5 comentarios