Las VTC en España poco a poco van descubriendo el marco legal en el que se van a poder mover. Tras la aprobación de 9.000 nuevas licencias en la Comunidad de Madrid, ahora es el turno del Govern de Catalunya con una nueva regulación que no es tan favorable para el funcionamiento de las VTC.
Hace pocos días nos hacíamos eco de que Bolt aterrizaba en Barcelona con un escenario realmente complicado que ahora se ha terminado por cumplir completamente. La nueva legislación compromete que Cabify o Uber puedan seguir operando, mientras que Bolt se pudo cubrir las espaldas manteniendo su servicio de taxi.
Cataluña complica la actividad de las VTC
Todos recodamos como en 2018 numerosas manifestaciones atravesaron el país en contra de los servicios VTC en pro del sector taxista. Esto se trató de resolver en Cataluña con una ley que obligaba a reservar un VTC con 15 minutos de antelación, aunque fue tumbada en los tribunales. Finalmente, el Gobierno de España tuvo que lanzar el famoso Decreto Ábalos para que las Comunidades tuvieran las herramientas legales para poder legislar sobre este servicio.
Ahora hemos podido conocer el Decreto-Ley 1/7/2022 que ha aprobado el Govern de Catalunya y que entrará en vigor el 1 de octubre. A partir de este momento (y si es aprobado por el Parlamento), se convertirá en algo de auténtico lujo. Esto se traduce en que se deberán usar coches que midan más de 4,90 metros de largo y también deberán contar con la acreditación ECO o Cero emisiones.
Estos son requisitos que hacen que muchas compañías como Cabify o Uber hayan recibido una indirecta para marcharse de Cataluña. Es una inversión realmente elevada tener una flota que sea de lujo y cumpla con estas dos condiciones, ya que por ejemplo Cabify únicamente cuenta con 1% de sus coches que cumplan estas dos características.
Entre estos requisitos también se vuelve a rescatar la necesidad de tener que realizar una reserva de con 15 minutos de antelación. Y si no se cumple esto, la normativa recoge una multa de hasta 6.000 euros para evitar que se puedan realizar recogidas a pie de calle.
En definitiva, se está ante una normativa que va a provocar que muchas personas acaben sin trabajo a partir de 1 de octubre a raíz de que difícilmente dará tiempo a renovar la flota, viendo la gran inversión que se tiene que realizar.
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