El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la Carta de Derechos Digitales. Ha pasado algo más de un año desde que se anunció y pese a sus intenciones, que pasan por "desarrollar la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales, teniendo en cuanta el impacto de nuevas tecnologías", se queda en poco.
La Carta de Derechos Digitales es, como su propio nombre indica, una carta. Y no entendida como una misiva, sino como un mapa a través del cual guiarse de aquí en adelante.
El documento desarrollado a partir del trabajo desarrollado por un grupo asesor de personas expertas constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial no tiene carácter normativo, por tanto no garantiza nada por sí sola. La carta se limita a recoger derechos ya existentes en la legislación española o europea actual, interpretar desde la óptica digital algunos de ellos y plantea el camino que deberán seguir futuros desarrollos legislativos que toquen de alguna manera los entornos digitales.
No implica ningún cambio ahora mismo
Derechos recogidos en la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España.
La Carta de Derechos Digitales, por sí misma, con sus cinco grandes grupos de derechos clasificados en aquellos que tienen que ver con la libertad, la igualdad, la participación y conformación del entorno digital, el entorno laboral y empresarial y los entornos específicos, no implica ningún cambio ahora mismo.
Es, sencillamente, una guía que busca "proteger, defender y ampliar" los derechos de la ciudadanía en el mundo digital, explicaba el presidente Sánchez en su presentación. Propone un marco de referencia para el desarrollo de políticas a partir de la legislación vigente, no lo establece, y esa es la principal crítica que está recibiendo desde que fue anunciada.
La propia carta recuerda que "el objetivo de la Carta es descriptivo, prospectivo y prescriptivo" y que pretende "reconocer los novísimos retos de aplicación e interpretación que la adaptación de los derechos al entorno digital plantea". Aunque sí introduce conceptos, como con el derecho al pseudonimato, que ya explicamos anteriormente; el derecho de acceso a internet o el de recibir libremente información veraz y el de la herencia digital.
La plataforma Xnet, que fue consultada para su elaboración, señala que la redacción final de la carta ha mejorado el borrador que se conoció el año pasado, pero que resulta "muy inferior" a los estándares que defendieron. "Una carta de derechos debería ser impulsora de mejoras legislativas y no apelar al marco anticuado actual", afirman.
"Hay boquetes contra censura previa digital, perfilado algorítmico y memoria histórica. Positiva aunque mitigada defensa de la neutralidad de la red y los derechos en ámbito laboral", resumen, remitiendo a sus varias fases de enmiendas como asesoras del documento.
Para otras personas también participantes en grupos asesores del Ejecutivo como Lorena Jaume-Palasí, fundadora de Ethical Tech Society y miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de SEDIA, crea incertidumbre legal. Lo explica a El Español: "La mayoría de los derechos que se mencionan ya existen incluso dentro del contexto digital y lo que hace es una readaptación con una selección puntual de determinadas partes de leyes". Le preocupa, además, que se prioricen una partes de esas leyes sobre otras.
Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en el ámbito digital y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, ha comentado en Twitter que la carta le recuerda al Estatuto de Bayona de José Bonaparte: "después de invadirte el país y dejarlo hecho unos zorros, te dan una constitución de juguete".
