Últimamente Australia es una país conocido por las restrictivas leyes, según se mire, que sacan adelante sus legisladores. Si hace uno meses hablábamos de un texto propuesto por el Gobierno y la oposición para aprobar una ley que rebajaba o eliminaba el cifrado en las comunicaciones, de la que luego se están arrepintiendo parcialmente, ahora la oposición laborista y la coalición liberal-nacional se han unido en la aprobación de una ley para luchar contra los contenidos violentos y extremistas en las redes sociales, según The Guardian.
Se trata de un texto redactado de forma muy rápida, en el contexto de la matanza terrorista de Christchurch, que tuvo lugar en el país vecino de Nueva Zelanda, y que ha horrorizado no sólo por los hechos en sí, sino por cómo el vídeo de la masacre se propagó casi sin control por Facebook, YouTube y otras redes sociales y plataformas.
La respuesta del Parlamento de Australia supondrá grandes multas a las compañías que no eliminen los contenidos y no den aviso a las policía federal del país. Son objetivo de la ley vídeos que muestren actos terroristas, asesinatos e intentos de asesinatos, tortura violación y secuestros.
Una ley que deja dudas en su aplicación incluso entre los que la han apoyado
El Fiscal General de Australia ha apoyado la ley, alegando que las plataformas "no deberían alojar este tipo de vídeos de asesinatos". El tiempo para que las compañías eliminen el vídeo depende, según él de lo que decida un jurado. Además, habla en nombre de todo el país diciendo que cualquier ciudadano "estaría de acuerdo en que fue totalmente irrazonable que estuviera en sus webs más de una ahora sin que llevaran a cabo ninguna acción. Esta ley impediría y castigaría eso, y ofrece al Gobierno la capacidad de responder donde una empresa como Facebook permite que algo se transmita y reproduzca durante mucho tiempo en su plataforma".
Las multas por no cumplir con lo expuesto en la ley, en caso de no eliminar de forma efectiva o comunicar a las autoridades, pueden suponer hasta un 10% del beneficio anual de las compañías de redes sociales. Pero sin duda, lo más polémico es que los empleados de las redes sociales implicados en la no eliminación del contenido se enfrentan a hasta tres años de cárcel.
Llama la atención de que los legisladores han asegurado que, por otra parte, los directivos nunca se enfrentarán a penas que supongan ir a prisión, pero no han dicho nada en lo referente a empleados rasos que en principio solo tienen que seguir órdenes y utilizar las herramientas que se le proporcionan.
Las tecnológicas se quejan de las prisas y el poco consenso
La reacción de las tecnológicas ha sido, como se esperaba, de oposición. La representante de consorcio de compañías del sector, el Digital Industry Group, que representa intereses de Google y Facebook, afirma que "esta ley, que ha sido concebida y aprobada en cinco días sin una consulta significativa, no hace nada para atajar el discurso de odio, que fue la motivación fundamental detrás de los trágicos ataques terroristas de Christchurch. Con el gran volumen de contenidos subidos a Internet cada segundo, es un problema altamente complejo que requiere discusión con expertos legales, la industria tecnológica, los medios y la sociedad civil para ser atajado, algo que no ha ocurrido esta semana".
The current legislation means that anyone working for a company that allows user generated content could potentially go to jail for 3 years. As written, that applies to news sites, social media sites, dating sites, job sites - anywhere user content could be created.
— Scott Farquhar (@scottfarkas) 3 de abril de 2019
Muchos políticos de otros bandos también se han opuesto a la ley, pero lo llamativo es que incluso los laboristas, que son quienes han defendido más la ley, han prometido analizar el texto de cara a una reforma si salen elegidos en las elecciones de mayo, que se suma a otra promesa para reformar la ley del cifrado, que también consideran problemática.
Los expertos temen que las compañías tengan que establecer filtros que acaben implicando censura, como los que se extraen de la aplicación del artículo 17 de la directiva de copyright. Facebook, por ejemplo, tuvo que afrontar 1,5 millones de subidas del vídeo de la masacre, pero según la compañía, los moderadores y la detección por inteligencia artificial solo pudieron hacer frente a 1,2 millones de subidas, por lo que 300.000 quedaron publicadas en la red social.
