En julio de 2018, Uganda estableció un impuesto al uso de las redes sociales y de las principales plataformas de comunicación. Es decir, que para acceder a Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter o Skype, los ciudadanos tendrían que pagar al Gobierno una cifra que rondaría los cinco céntimos de euro diarios. Aproximadamente, un euro y medio mensual que gravaría el uso de 60 plataformas.
La medida fue defendida por su presidente Yoweri Museveni, con argumentos como que "chatear en redes sociales es un lujo de gente disfrutando o siendo maliciosa" o que la gente "las usa para mentir y luego no quiere contribuir con la riqueza del país de la que están haciendo mal uso". Además de argumentos morales, el argumento que daba el ministro de finanzas ugandés, Matia Kasaija, era económico: "Buscamos dinero para mantener la seguridad del país y desplegar electricidad, para que la gente pueda disfrutar más de las redes sociales, de forma más frecuentes".
Por una parte, de por sí, las distintas declaraciones ya resultaban contradictorias, como vemos. Por otra, los críticos con Museveni, criticaron que la medida sólo estaba enfocada a la censura online. A ello se sumaba que el Gobierno ugandés afirmó querer desarrollar redes sociales con control gubernamental.
3 millones de personas dicen adiós a Internet en Uganda
La Comisión de las Comunicaciones de Uganda (UCC) ha presentado un informe donde se puede observar el impacto que el impuesto a las redes sociales ha tenido sobre la población, y como cabía esperar en un país que en 2013 tenía a más de 20 millones de personas viviendo con unos ingresos menores a 2 dólares al día, el efecto ha sido devastador.
En sus tres primeros meses, Uganda perdió tres millones de personas conectadas a Internet. El primer mes, el 50% de usuarios de Internet pagaron el impuesto, pero desde entonces decayó poco menos de dos millones. Aun así, tras reducirse la base total de accesos a internet, el porcentaje siguió en el 50%.
En la noticia de The Next Web se habla de 5 millones de usuarios en cuanto al abandono de Internet, pero no hemos podido comprobar esa cifra.
En cualquier caso, la libertad de expresión es algo que peligra cada vez más en países africanos. Como recogen en Wired, en Egipto el Gobierno puede bloquear cuentas de más de 5.000 seguidores si detectan que han propagado noticias falsas, y en Tanzania una ley grava con 930 dólares anuales a los bloggers que publiquen online.
Las VPN también son protagonistas en Uganda
En muchos países con censura, entre los que destaca China, el uso de redes virtuales privadas (VPN), es la manera que los ciudadanos tienen de conectar a servicios bloqueados por los distintos gobiernos. Y esto no es distinto en Uganda.
Muchos de los usuarios que siguen utilizando Internet, en lugar de pagar el impuesto, han optado por utilizar aplicaciones de VPN, con las que superan la imposición del Gobierno que notifica a los usuarios de que si quieren utilizar sus redes sociales, deben pagar el impuesto. Las teleoperadoras del país han contribuido, como es normal, a que la adopción de la norma se expanda.
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