En su carrera por detener el consumo y retransmisión de contenidos sin autorización, LaLiga ha iniciado una campaña de recaudación enviando a los usuarios una demanda de conciliación donde se le pide a la persona un pago de 450€ como indemnización por daños y perjuicios.
Tal y como asegura David Maeztu, abogado en 451.legal y experto en derecho digital, parece que las cartas también estarían llegando a los usuarios finales y no solo a los cardsharer, es decir, aquellos que reemiten su señal a otros usuarios.
De ser así, el asunto sería más grave de lo esperado, ya que todo indicaría a que LaLiga estaría utilizando los mecanismos proporcionados por las operadoras para identificar el tráfico y dirección IP de cualquier usuario, independientemente de si utiliza su conexión para ver partidos sin autorización o si reemite la señal hacia otros usuarios.
Una demanda de conciliación que obliga al usuario a pagar 450 euros
El pasado mes de marzo estalló Internet al conocerse que LaLiga había conseguido una autorización judicial para poder obtener información personal de los clientes a través de las operadoras. Esto le serviría a la organización para poder identificar a aquellos usuarios que desde su conexión accedían a servidores IPTV para transmitir los partidos de LaLiga sin autorización.
De esta manera, la resolución judicial obliga a Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil y Digi a entregar a LaLiga información del usuario como dirección de instalación de la línea, datos de tráfico, dirección IP y puertos de los servidores reportados por LaLiga.
Si bien en un principio todo parecía que los usuarios finales iban a estar también perjudicados, el Consejo General del Poder Judicial lanzó un comunicado indicando que las medidas irían contra los cardsharer y no contra el usuario final que ve los partidos de fútbol sin autorización desde casa. Muchos de estos cardsharer son organizaciones que sacan rédito económico de la reemisión de los partidos a través de servidores IPTV.
Sin embargo, entre todo este meollo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, insistía en X que “Tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios”, dando a entender a que el auto de LaLiga también podría llegar a perseguir a los usuarios finales.
Meses después de la polémica resulta que, según Maeztu, han llegado una remesa de cartas enviadas por LaLiga a la dirección postal de algunos usuarios particulares. En esta demanda de conciliación se especifica que “Los operadores de acceso a Internet han entregado a LaLiga, por requerimiento judicial, los datos necesarios para la identificación de señalados usuarios que a través de sus conexiones a las direcciones IP piratas han propiciado el acceso a los contenidos de LaLiga”.
En la carta se detalla información como la dirección IP del usuario y la del servidor al que ha accedido para la transmisión de los contenidos, e incluso la jornada y partidos exactos que se han visualizado o compartido desde la red. Según Maeztu, LaLiga estaría utilizando la información obtenida por los operadores para actuar contra los usuarios finales, una situación que parece más grave de lo que parecía en un principio tras el comunicado del Consejo General del Poder Judicial.
En la demanda de conciliación se especifica que, para evitar un posible juicio, el usuario debe cumplir tres condiciones: admitir que desde “su red de internet se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de LaLiga”, que “cese de inmediato la conducta señalada” y que abone a LaLiga un total de 450,16€ “en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.
Esta carta en concreto hace referencia a la retransmisión de partidos que tuvieron lugar entre los días 19 y 22 de abril de 2024, tan solo dos meses después del auto donde LaLiga pide la colaboración de los operadores. Según Maeztu, esto es grave, ya que implica la "monitorización permanente de los usuarios desde las operadoras con fines prospectivos" y no para identificar los hechos antes de una posterior resolución judicial.
Vía | BandaAncha
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