Durante los dos últimos años, la policía y empresas de Internet de todo el Reino Unido han estado desarrollando y probando una tecnología de vigilancia que podría registrar y almacenar la navegación por Internet de cada persona del país. Eso sí, lo han hecho de forma silenciosa y sin informar, de acuerdo con informaciones conseguidas por Wired.
Las pruebas, que están siendo llevadas a cabo por dos proveedores de servicios de Internet no identificados, por el Ministerio del Interior británico y por la Agencia Nacional del Crimen, se están llevando a cabo bajo leyes de vigilancia que fueron introducidas en el país a finales de 2016 (fue declarada ilegal por la Unión Europea en aquel momento).
Poca información de las pruebas y las tecnologías
Según las informaciones publicadas, "a pesar de que la Agencia Nacional del Crimen (National Crime Agency) ha dicho que se ha realizado un "trabajo significativo" en el ensayo de la recolección de datos privados, estas prácticas están envueltas en secretitsmo. Esto es porque no se ha hecho ningún anuncio público sobre el ensayo, y personas del sector afirman que no pueden hablar de cómo es esa tecnología por motivos de seguridad.
La Ley de Poderes de Investigación de 2016 (Investigatory Powers Act 2016), conocida popularmente como Snooper’s Charter (algo así como la Carta de los Fisgones), implica la creación de Registros de Conexión a Internet (término conocido como ICR por sus siglas en inglés) por parte de la ciudadanía. Estos son registros de lo que las personas hacen cuando están conectadas a Internet. La ley puede obligar a las empresas web y telefónicas a almacenar los historiales de navegación de sus clientes durante 12 meses. Para ello deben recibir una orden, aprobada por un juez, que les obligue a conservar los datos todo ese tiempo.
Dos años para dos personas: igual esta tecnología no es la mejor
Aunque sí hay constancia de qué es esta ley y lo que dicta, no hay detalles de cómo se están realizando estas pruebas. No está claro qué datos se recogen, qué empresas participan y cómo se utiliza la información. Lo que sí se sabe es que la primera de estas órdenes judiciales se dictó en julio de 2019, según un informe reciente del Comisionado de Poderes de Investigación. Esta supuso la primera vez que el ICR (o registros de conexión a Internet) fue probado en el mundo real con ciudadanos.
Se sabe de otra orden similar en octubre de 2019. Un portavoz de la Oficina del Comisionado de Poderes de Investigación dice que el ensayo está en curso y que está llevando a cabo revisiones periódicas para "garantizar que los tipos de datos recopilados siguen siendo necesarios". Añaden que una vez que se hayan evaluado completamente los resultados de estas pruebas, se decidirá si ampliar el sistema a nivel nacional.
Heather Burns, responsable de políticas del Open Rights Group, una organización de defensa de la privacidad y la libertad en Internet con sede en el Reino Unido considera que el mayor problema radica en la falta de transparencia en torno a las pruebas, además de la aparente lentitud de los avances. El organismo que ya criticó esta ley desde que se anunció en 2016, considera que "tardar varios años en conseguir hacer un ensayo básico, para capturar dos ICR, sugiere que el sistema que se usa no es la mejor opción".
Vía | Wired
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