Previsiblemente en un año, en junio de 2022, España dispondrá de un sistema de alertas públicas a través de redes móviles con el que el Gobierno podrá avisar masivamente a la ciudadanía en caso de emergencias como grandes desastres o catástrofes. Así lo establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que fija dicha fecha como tope para implementar el despliegue.
En países como Estados Unidos, sistemas similares son utilizados desde hace años no solo para emergencias. En el caso norteamericano, el sistema de Aletas de Emergencias Inalámbricas avisa de incendios forestales, huracanes a punto de llegar o secuestro de menores de edad. Otros países como Australia, emplean los mensajes de texto.
En España, eso sí, no parece que sea tan amplio. Por ahora, desde el Gobierno señala que servirá para enviar avisos masivos e inmediatos a la población "en caso de grandes catástrofes y emergencias inminentes o en curso".
Un pata más de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil
Pese a que el Ejecutivo no ha dado demasiados detalles en su comunicado, sabemos que los mensajes emitidos por este sistema serán transmitidos a través de las redes de telefonía móvil e incluso que podrían ser transmitidos a través de plataformas como WhatsApp o Telegram. Así lo recoge el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que desató una polémica en septiembre de 2020 cuando se malinterpretó posible intervención en casos excepcionales de los servicios OTT.
El sistema de alertas públicas, cuando esté disponible, pasará a formar parte de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. Esta red se limita en la actualidad a sistemas basados en señales acústicas en municipios con, por ejemplo, centrales nucleares cerca. Con su incorporación, la red tendrá la capacidad de transmitir mensajes electrónicamente y en masa a todo el país si fuese necesario.
Este sistema de alertas públicas, que todavía está por licitar, es una de las medidas contempladas en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales que se ha incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a los fondos europeos Next Generation EU.
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