Las empresas del sector VTC, vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify, se enfrentan a un nuevo reto en España y Europa. El 8 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe determinar sobre la legalidad de uno de los aspectos claves para concretar la regulación de las licencias de vehículos con conductor.
Esto llega después de muchos años de un disputa. Concretamente este problema que pretende solucionar el TJUE comenzó en el año 2009. Concretamente, el TJUE dirimirá si la normativa europea permite la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.
En el año 2009, apareció la Ley Ómnibus con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El 27 de septiembre de 2009 entró en vigor la ley española 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, conocida popularmente como la ley ómnibus. Establecía cambios legislativos encaminados a la liberación del sector servicios, y al incluir al sector del taxi eliminaba la limitación de licencias VTC abriéndole las puertas de par en par a empresas como Uber o Cabify.
Cambios de decisiones
Aprobó eliminar el ratio 1:30 que limitaba la entrega de estas licencias. Desde entonces, las protestas de los taxistas han sido un constante. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy echó para atrás la reforma anterior y se vuelve a imponer el ratio 1:30.
El Tribunal Supremo, sin embargo, confirmó que las licencias entregadas antes de 2015 se mantienen, son legales. Por tanto, si el gobierno quiere reducir su número, tendría que expropiarla
El gobierno de Pedro Sánchez optó en 2018 por ceder la competencia a las Comunidades Autónomas. A través del Decreto Ábalos, cada región debe encargarse de la regulación. Durante cuatro años, las VTC podrían seguir operando en España como estaban haciendo en 2018.
Sin embargo, cumplido este plazo (2022), las instituciones debían publicar sus propias normativas. De hecho el pasado año fue muy agitado a este respecto, sobre todo en Madrid donde el sector de taxi no tomó bien que el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso optase por abrir la comunidad a las empresas VTC.
En Barcelona hay una normativa más estricta como obligar a que los servicios de VTC cuenten con coches que midan, al menos, 4,90 metros (aunque empresas como Bolt han usado el ingenio para darle respuesta a esto) o la obligación de precontratar el servicio con 15 minutos de antelación.
Qué se espera que pueda pasar
Se sabe que la opinión del Abogado General Maciej Szpunar, presente en el proceso judicial, es de que la limitación del número de autorizaciones para vehículos de transporte con conductor en el Área Metropolitana de Barcelona viola la libertad de establecimiento. Es decir, plantea romper la obligación de cumplir el ratio 1:30, entre otras cosas.
Szpunar considera "cuestionable que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de interés económico general y dudoso que los operadores de dicho servicio cumplan una obligación de servicio público".
Según YoTaxi, el TJUE no sólo estudiará si la normativa europea permite la ratio 1-30 de VTC y taxi, sino también si se puede imponer una segunda licencia.
Cuando haya sobre la mesa la decisión final del TJUE, tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que decida sobre si los requisitos impuestos por el Estado y por las administraciones catalanas son o no legales y si cumplen con las normativas europeas.
Si el TJUE se mostrara contrario a las normativas españolas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se acomodara a esta decisión, todas las regulaciones actuales saltarían de nuevo por los aires y habría que encontrar una nueva reglamentación para que las VTC puedan explotar sus licencias, de acuerdo con la ley.
