El Consell de Garanties Estatutàries, la más alta institución jurídico-consultiva catalana, ha considerado este lunes que el decreto aprobado por la Generalitat de Catalunya con el que regular todavía más la actividad de los vehículos VTC, con los que funcionaba Uber y Cabify en Barcelona, "vulnera la libertad de empresa" contemplado por la Constitución.
La resolución de este órgano consultivo dictamina que son "restricciones no razonables" la obligación de contratación con 15 minutos de antelación y la habilitación a autoridades competentes de ampliar ese margen.
El dictamen no es vinculante, pero ve inconstitucionalidad
El pronunciamiento sobre este decreto aprobado a principios de este año, con el que el paro patronal del sector del taxi llegó a su fin en Barcelona, llega el mismo día en el que se ha sabido que el reglamento de la Àrea Metropolitana de Barcelona amplía los 15 minutos de precontratación a una hora, como se preveía.
Esta normativa contempla multas de hasta 6.000 euros por incumplimiento del decreto, incluyendo sanciones de hasta 1.400 euros por el incumplimiento concreto del tiempo de precontratación. La aprobación de este reglamento del ente supramunicipal barcelonés se prevé para este martes.
Concretamente, el informe —que no es vinculante— solicitado por el grupo de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya señala que el periodo mínimo de quince minutos para la contratación del servicio VTC es "una restricción no razonable de éste, según los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad" y "vulnera el derecho a la libertad de empresa" que se recoge en el artículo 38 de la Constitución española.
El Consell de Garanties Estatutàries dice también que el periodo de precontratación tiene un carácter "preventivo y gravoso", "no protege ni favorece el interés general de los ciudadanos como potenciales usuarios del servicio", "dificulta" el funcionamiento de los servicios de los vehículos VTC y tiene un "carácter desproporcionado por su elevado grado de potencial perjuicio".
Por último, la más alta institución jurídico-consultiva catalana recuerda a la Generalitat la reclamación económica que las empresas del sector VTC podrían reclamar a la administración. Hace una semanas la Autoritat Catalana de la Competència recomendó al Parlament de Catalunya que no convalidara la norma por considerarla discriminatoria y contraria a la competencia.
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