Desde Genbeta hemos estado recogiendo información de testimonios de trabajadores que sufrieron diversos abusos laborales tras la terrible DANA que inundó localidades enteras del levante y sur español y que se cobró la vida de cientos de personas.
Tenemos el ejemplo del electricista que tardó horas en llegar a su trabajo a pie (porque se quedó sin su coche en las inundaciones y no había transporte público) y fue despedido. O la historia anónima de otro obligado a ir a la oficina, a pesar de las condiciones insalubres de las instalaciones, de no ejercer un trabajo esencial en absoluto y de tener hijas que cuidar en casa por el cierre de centros educativos.
Todo esto a pesar de que el Ministerio de Trabajo se había apresurado a imponer ciertas normas tras la catástrofe y a comunicarlas en redes sociales. Díaz también advirtió que iba a haber consecuencias contra las empresas que obligasen a sus empleados a acudir al trabajo. Ahora se sabe que ya hay, al menos, 106 expedientes abiertos a empresas por abusos laborales varios.
106 expedientes contra empresas, y prometen más
Según recoge la Agencia EFE, se han abierto 106 expedientes a empresas por incumplir la normativa laboral y afirman que "esta cifra continuará subiendo porque Inspección de Trabajo está trabajando a gran velocidad".
Por otro lado, Díaz ha hablado de que la ley de prevención de riesgos laborales da derecho a los trabajadores a interrumpir su actividad o no desplazarse si hay riesgo para su vida o su salud.
Por tanto, en función de esta ley, ella afirma que no hay ningún tipo de salvoconducto, hablando de los justificantes para permitir la circulación de trabajadores en el sector de la distribución alimentaria, que ha sido una medida del gobierno valenciano.
No hay salvoconducto que valga si pone en riesgo a trabajadores
Cabe recordar que una de las polémicas de los últimos días ha sido que se filtró en medios información sobre salvoconductos expedidos por la Conselleria de la Generalitat Valenciana para permitir que repartidores de grande supermercados como Mercadona, Consum, Aldi y Lidl siguieran distribuyendo alimentos a pesar de los temporales que ha sufrido Valencia la última semana con alertas meteorológicas.
Según el Ministerio de Trabajo, la ley de prevención de riesgos laborales es una ley nacional que protege a los trabajadores que no puede saltarse con ningún salvoconducto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya dijo hace unos días que "las indicaciones que establece la norma preventiva no se pueden ver comprometidas por ningún salvoconducto. No hay salvoconducto que valga para poner en peligro la vida de las personas trabajadoras".
ERTES en marcha
El plan de ayuda del gobierno central de España para la Comunidad Valenciana incluía, entre otras cosas, medidas para evitar los despidos. Explicaban las medidas anunciadas que para las empresas se desplegarían ERTE por motivo de fuerza mayor y así las empresas afectadas podrán suspender el empleo o reducir la jornada al trabajador, manteniendo el puesto de trabajo.
Las cotizaciones sociales corren a cuenta del Estado mientras que los empleados afectados no gastan tiempo de paro en el momento que estén en ERTE.
Hoy se ha sabido que, tras reunirse con autoridades autonómicas y agentes sociales de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta y Ministra de Trabajo ha informado de que, hasta ahora, hay 18.668 trabajadores protegidos a través de alguno de los 1.490 ERTE por fuerza mayor aprobados.
Imagen | Flickr foto de La Moncloa
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