La Unión Europea pretende armonizar el canon digital a nivel comunitario. Para ello, designará un mediador que se encargará de abrir el diálogo entre los sectores implicados y, probablemente, el próximo mes distribuya un documento para preparar el terreno.
Sin embargo, en España hay un vivo debate sobre la moralidad del cobro del canon digital. Por una parte, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó que es ilegal cobrarlo a personas jurídicas. Por otra, porque la Audiencia Nacional lo declaró nulo semanas atrás debido a un error de forma en su tramitación.
Los ministerios de Industria, Presidencia y Justicia abogarían por suprimir la compensación por copia privada, mientras que Cultura pretendería seguir el modelo Noruego, donde el Estado toma el protagonismo a la hora de compensar a los artistas –en definitiva, a través de los impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, la supresión del canon mediante un Real Decreto podría llevar consigo la eliminación también de la copia privada.
El preámbulo del Real Decreto para derogar el canon contendría una actualización del concepto de copia privada. Recordemos, la copia privada es lo que nos permite grabar una película de la televisión sin que ello sea un delito o intercambiar archivos si no existe ánimo de lucro económico.
Los intentos de la Unión Europea por armonizar el canon digital a la vez que España se plantea eliminarlo –debido, sobre todo, a su estado de coma después de las sentencias judiciales– no son más que una muestra de las contradicciones que levanta la medida. Máxime cuando las empresas españolas ven que no tienen por qué pagarlo y que, además, pueden solicitar la devolución del importe abonado anteriormente.
A falta de más datos, hay que seguir la pista de los movimientos del Gobierno, sobre todo por parte de los ministerios de Industria y Cultura. El ejecutivo podría acceder a las peticiones de la ciudadanía, mayoritariamente contraria al canon, pero con una puerta trasera que debería escribirse con mayúsculas, como ya hicieran con la Ley de Economía Sostenible y la ley Sinde.
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