El Área de Juventud de Izquierda Unida, coordinada por la contestaria Esther López Barceló (vídeo), ha concretado los últimos trabajos y la opinión expresada por los jóvenes de esta formación a nivel federal en un documento que ha trasladado a la dirección de IU, para que tenga en cuenta sus propuestas a nivel político y programático.
En ellas queda más que acreditado que los jóvenes de Izquierda Unida no obedecen al cliché de una izquierda que le hace el juego a los “artistas de la SGAE”. Con ellos, los jóvenes de IU, no va la fiesta de palacio. Más claros imposible.
Y es que entre las propuestas que le han hecho llegar a los mayores de la federación, destaca una resolución por una nueva cultura de la propiedad intelectual y por la libre distribución de la cultura en la que los jóvenes de Izquierda Unida ensalzan “los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura (...) democratizado el acceso a los medios de producción y provocando que en muchas profesiones (especialmente en los mundos editorial, audiovisual y musical) el trabajador, creador o artista tenga a su disposición medios a los que antes sólo tenían acceso grandes empresarios”.
Para el Área de Juventud de Izquierda Unida “este avance ha hecho que entre en crisis irreversible el modelo de industria clásico en muchos campos. Estos se basaban en la necesidad de un soporte físico para transmitir obras e ideas, así como la necesidad de crear una red de distribución para que llegaran al consumidor/ciudadano”.
Fue bonito mientras duró. Se ha acabado. Internet ha convertido este modelo en obsoleto. Básicamente, se ha eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores) y se está facilitando el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra.
Los jóvenes de la formación que coordina Cayo Laro manifiestan que la ley de la propiedad intelectual “ha quedado desubicada y obsoleta”, por dos razones fundamentales”:
La actual ley reconoce cuáles son los derechos de los autores y deja en manos de entidades privadas la recaudación de los mismos. En la práctica hay un oligopolio de facto en el que sólo unas pocas empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente estos derechos (SGAE en el caso de la música, CEDRO en el caso del mundo editorial…) Esta situación privilegiada hace que sean ellas las que deciden las reglas del juego, haciendo pasar por el aro tanto a creadores como a consumidores. No hay funcionamiento democrático ni transparente en estas empresas y su naturaleza privada les obliga a tener como objetivo principal el buscar el máximo beneficio económico, por encima del interés y la voluntad de unos autores la mayoría de los cuales ni siquiera llega a ver el dinero de los derechos que se han recaudado en su nombre.
Los derechos de autores que marca la ley tienen la naturaleza de irrenunciables. Hoy en día muchos autores abogan por la libre distribución de sus obras gracias a Internet y a las TIC, puesto que consideran que son la mejor forma de que su obra y sus ideas lleguen a su público.
Se han construido movimientos sociales como el Software Libre y alternativas legales como las licencias Creative Commons que buscan la colaboración comunitaria y la libre circulación de obras e ideas como forma de que ganen autores y consumidores. Los únicos que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios. Pero la irrenunciabilidad de los derechos provoca que sean las entidades de gestión de derechos las que tomen decisiones sobre la obra de un autor: los organizadores de conciertos benéficos ven como la SGAE les exige el pago de los derechos de autor del músico que vaya a actuar, aunque lo haga de manera gratuita y explícitamente renuncie al cobro de dichos derechos. Los gestores de centros culturales ven como la misma entidad pretende cobrar a las instituciones por actuaciones de artistas que no son socios suyos y son activistas de Creative Commons y otras licencias de distribución libres.
Se utiliza al creador como ‘escudo humano’ de los intereses de estas empresas que han quedado obsoletas. El interés del autor siempre fue y es el de llegar a su público, no el de ser parte de una industria y una red de distribución (en su tiempo, esto último era un medio para conseguir el fin, pero nunca el fin en si mismo). Lo cierto es que estamos asistiendo al equivalente moderno de la rebelión de los industriales de las barras de hielo cuando llegaron las neveras eléctricas, con el matiz de que ahora la industria que se sabe obsoleta es poderosa e influyente y utiliza su poder e influencia para manipular mediáticamente e intentar crear una opinión pública y política a favor de sus intereses.
Por todo ello, el Área de Juventud de IU propone:
Impulsar la derogación de la actual ley de propiedad intelectual y elaboración, de manera participativa, de una nueva ley que:
- Derogue el modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas. Creación de una entidad pública de gestión, con presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado y no el lucro.
- Reconozca las alternativas al ‘copyright’, como las licencias Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos si lo desea.
Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos de la ministra González Sinde y del lobby de la SGAE y similares por coartarlas.
Apoyo total al movimiento del Software Libre (open source). Establecer como obligatorio el uso de sofware libre en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales en todas las instituciones del Estado. La mayoría, además, es gratis.
Urge, por lo tanto, la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a los escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance. Impulsar una oposición total del Estado español, en la UE, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas que favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden el compartir los beneficios de la investigación.
Foto | El blog de Marina Albiol
