Un sablazo en toda regla. El Partido Popular quiere terminar con la primera, y casi única, iniciativa que impulsaba el software libre y de código abierto para y desde la administración pública en el Estado Español.
La vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, ha destacado hoy que el Gobierno extremeño impulsará el modelo de conocimiento compartido entre centros tecnológicos, la Universidad, las empresas y los clusters con el objetivo de avanzar en la innovación y la competitividad de los distintos sectores productivos de la región.
Así empieza una nota de prensa en la web de la Junta de Extremadura que, si terminara aquí, pues tampoco estaría mal, pero lo malo es que continúa.
En otro fragmento, se dice lo siguiente (la negrita es mía):
Según Teniente, hay que buscar las soluciones óptimas para cada necesidad, sean o no de código abierto, y teniendo siempre en cuenta su coste, un aspecto que se despreció anteriormente y que ha llevado a la administración a asumir gastos que excedían lo lógico y lo necesario, ha puntualizado.La vicepresidenta ha abogado por ofrecer a los investigadores y creadores todas las posibilidades técnicas y legales disponibles para divulgar sus hallazgos y sus obras. Para ello, el Gobierno extremeño pasará de defender el software libre en régimen de exclusividad a promoverlo como una buena opción, pero sin dejar de lado el software propietario.
Dicho impulso, el Proyecto LinEx, fue una opción personal del ex-presidente Rodríguez Ibarra, que empezó allá por 2002 y ha representado un ahorro considerable en costes de despliegue y la independencia de proveedores externos. Una vez Ibarra abandonó la presidencia, y como nos cuenta el responsable del área de software libre de la Asociación de Internautas Javier Cuchí, el proyecto fue ido declinando lentamente.
Empezó por implantarse en los 60.000 ordenadores del sistema educativo (LinEx Edu) y luego siguió hacia los diferentes departamentos de la Administración Pública de la comunidad: sistema sanitario (SESLinex), bibliotecas y las áreas administrativas de la Junta (LinEx SP para los escritorios de los funcionarios y empleados públicos).
También se desarrollaron Jexguía para ayuntamientos, juegaLinEx destinado a jóvenes y ocio y la distribución para la ciudadanía en general, instalable en cualquier ordenador casero.
Todo ello se realizó con personal propio de la administración que, gracias a trabajar con software libre y de código abierto, podía adaptar, modificar o crear nuevas aplicaciones muy fácilmente.
A partir de ahora, todo esto se perderá en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, ya que seguramente vuelvan a llover contratos con los grandes proveedores de software propietario y privativo.
Mientras por todo el país se habla de reducción-recortes de presupuestos, la opción del software libre en la Administración Pública lleva demostrando desde 2002 que es una muy buena herramienta. Tanto en el sentido económico de costes (reduce costes e incluso se pueden vender ciertos productos), como en las aplicaciones prácticas que tiene.
Con los nuevos contratazos que se firmen con los proveedores externos, Cristina Teniente va a mermar aún más las arcas públicas extremeñas, pero al menos lo hará por una buena causa:
Teniente ha afirmado que la I+D+i va a estar al servicio de la solución a los problemas sociales y, sobre todo, a la creación de empleo de calidad en Extremadura.
Claro, porque programar, analizar, diseñar y desarrollar software libre no es empleo de calidad. Lo que no queda muy claro es cuantos empleos de calidad se van a crear en la región una vez se ‘externalice’ la compra del software a una empresa foránea.
La vicepresidenta Teniente debería explicar a los extremeños, con números, cómo puede ser que pagando más y contratando servicios externos se reduce el gasto y se fomenta el empleo en la región, por mucho que se llene la boca con conceptos como “conocimiento abierto”.
Por cierto, el conocimiento abierto es inherente al software libre, pero no lo es en el caso del software privativo. A partir de ahora, y como dice el Presidente del Partido Pirata Ángel Vázquez, habrá que controlar la política de adquisición de software de la Junta de Extremadura.
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