Estas cosas pasan. Te bajas un álbum de una gente que te gusta para ponerte un par de cancioncillas en el móvil y un día te encuentras una carta en el buzón con la que te obligan a pagar un dineral, casi como si llevases a cuestas a la Filarmónica de Viena interpretándote en directo el Concierto de Año Nuevo cada vez que te sonara el teléfono.
Antes de que Grooveshark cediera a las presiones de la GEMA, la sociedad de derechos de autor alemana, ocurría en la tierra de Angela Merkel un poco lo que pasa en España, que quien más quien menos todo el mundo se descargaba canciones para su uso privado sin pensar demasiado en las consecuencias de tan alevosa acción, que como sabemos deja viviendo bajo un puente a toda una serie de honrados trabajadores.
Hoy explicamos la historia de un amigo al que llamaremos… Amigo, por ejemplo. Es la historia de un estudiante español que vive en Alemania y que empieza así:
Allá por diciembre me descargué por uTorrent el último disco de Kasabian, Velociraptor!, con la intención de añadir al móvil dos canciones que me gustaban, y me siguen gustando, pues en casa usaba Grooveshark.
Hasta ahí, nada extraño salvo los gustos musicales de Amigo. Nada, es broma. En cualquier caso, nos encontramos ante un escenario que no es raro. Si te gusta una canción y la quieres poner en tu móvil pero no tienes a mano el álbum original, por el motivo que sea, tienes básicamente dos opciones.
Pagar por el archivo, aunque igualmente lo tengas en casa porque en su momento compraste, por ejemplo, un CD. Ese pago lo puedes realizar bien a través de una tienda online de música, bien a través de un servicio de esos que van por sms premium y que se anuncian en la tele, que quizá aprovecharán para sangrarte por una de esas suscripciones fantasmas por las que te ves condenado a pagar por algo que ni recuerdas haber solicitado.
La otra opción es aprovechar las tecnologías que has pagado con el sudor de tu frente y conectarlas tal y como previeron los fabricantes de los aparatos que tienes en tu casa. De forma adicional, hasta te puedes editar la canción con una aplicación que fue diseñada para esto y hacerte un politono si te da la gana. Eso es lo que dicta el sentido común y lo que tradicionalmente había reconocido en nuestro país el derecho a la copia privada sin ánimo de lucro.
El abogado que gana más que el artista
Amigo se decantó por la segunda opción usando redes de intercambio de archivos, y un buen día abrió el buzón de su casa y se espeluznó:
Me llegó un sobre DIN A4 con unos 15 folios en los que se detallaban quiénes son los dueños del album, Sony Music Entertainment Germany, cuándo lo descargué, con qué IP, a qué hora, etcétera, y un apartado que comenta la ley vigente.
¿Cómo averiguaron todos estos datos los remitentes de la carta? Porque la compañía telefónica, Telefónica-O2, puso a su disposición todo tipo de datos de su cliente, el señor Amigo Apellido1 Apellido2. Al final de todo el documento le adjuntaban una factura preparada para ir al banco a pagar un total de 956 euros, divididos en dos conceptos distintos:
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450 euros por daños y perjuicios,
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506 euros por los gastos de abogado.
La carta le llegó de parte de Waldorf Frommer, un bufete de abogados especializados en reclamar derechos de autor a quienes, como Amigo, se ven involucrados de golpe y porrazo en una situación que nunca habrían imaginado posible. En el sitio web del bufete, dicen que la suya es una visión holística:
Nuestra actividad no se limita solamente a la búsqueda de violaciones de los derechos individuales. Consideramos que es nuestro deber ayudar a dar forma a la ley de manera activa. Asimismo, promovemos los intereses de nuestros clientes en la legislación vigente y nos involucramos en diversos grupos de trabajo legales y de política de la industria de los medios de comunicación.
La ISP, obligada a proporcionar el nombre del usuario
De hecho, hay tanta implicación entre abogados, legisladores y jueces que la idea de que compartir es delito se materializa incluso en algunas comunicaciones públicas del Ministerio de Justicia alemán, como esa del Tribunal de Distrito de Múnich que se titula a modo de aviso para navegantes: “Yo te doy, tú me das… Esto puede salir caro“. Ahí queda eso:
Ahora es posible encontrar la huella digital de los infractores de derechos de autor y obtener su dirección IP. Después de la iniciación de una investigación por el fiscal, la ISP está obligada a proporcionar el nombre del usuario.
A la práctica, ¿cómo se resuelven estos casos? Depende, por lo visto hay de todo. Hay quienes pactan a través de un abogado que mientras vivan en Alemania irán pagando la factura a plazos, por un módico precio de 20 euros al mes. En el caso concreto de Amigo, por ejemplo, él tuvo que aportar en un tiempo récord toda una serie de documentos, incluido un extracto de su cuenta bancaria y una copia de la declaración de la renta, para demostrar que ni aunque quisiera podría pagar ese dinero. De momento, Amigo no ha recibido más noticias de los abogados de Sony, y espera seguir así por siempre jamás.
Al final, se confirma lo que todos intuimos, que aquí, menos los intereses de los artistas, cualquier cosa, incluso una minuta que supera en dinero a los presuntos daños y perjuicios que el muy bruto de Amigo causó a no se sabe muy bien quién. A Kasabian, desde luego, no parece que fuera.
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